Lo que se nos viene

No es claro cuál termine siendo el papel de las organizaciones criminales en el proceso electoral; en cuántos municipios intimiden a los ciudadanos a votar el 8 de marzo por los aspirantes al Congreso de sus afectos, y el 31 de mayo y 21 de junio por su candidato a la presidencia. En todo caso, es ingenuo creer que no meterán el fusil en las elecciones cuando tienen sometido a gran parte del territorio como lo revelan distintos estudios.

Indica la Misión de Observación Electoral, MOE, que hay 170 municipios con algún nivel de riesgo electoral donde coinciden factores indicativos de fraude y violencia. De estos 81 en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio. Señala que en los comicios de 2022 eran 131 los que estaban en esa condición, lo que significa un incremento del 29,7%; en el caso de los de riesgo extremo, eran 49, es decir, un incremento del 65,3 %.

Siendo preocupantes las cifras, lo realmente grave es que en esas 170 localidades hay 4.564.177 personas habilitadas para votar, lo que representa el 11 % del censo electoral. Porcentaje que equivale a la de candidatos con opción y que podría inclinar el resultado. El estudio de la MOE revela además, que sólo en el caso de riesgos asociados a violencia (sin cruzarlos con fraude), 339 municipios están en riesgo, es decir, el 30,2 % del total.

No extraña. El deterioro de la seguridad es espeluznante. Advierte la Fundación para la Paz, FIP, un aumento del 23% en miembros de grupos armados y un récord en disputas. Es decir, un incremento de 5000 nuevos miembros entre 2024 y 2025. A diciembre, las estructuras criminales sumaban más de 27.000 integrantes. Al momento de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, los registros oficiales daban cuenta de 14.000 guerrilleros. La mitad.

En resumen, el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de ‘Mordisco’, están en condición de decidir el resultado de las elecciones. A lo que se suman los billones de pesos del presupuesto nacional irrigados en el territorio, los tsunamis de contratos de prestación de servicios y en las nóminas oficiales para aceitar maquinarias, y las bolsas negras con dinero del narcotráfico que tentarían de nuevo la voluntad ciudadana en varias regiones.

Estamos por ende en una de las elecciones más vulnerables en la historia reciente del país, por la incidencia del Gobierno nacional en los comicios, la capacidad de presión de las organizaciones criminales y la coincidencia de contar estos de nuevo con aspirantes afines a sus intereses económicos y criminales lo que los incentiva a jugarse el todo por el todo a su favor, más cuando la careta de la Paz Total está en riesgo de ser pulverizada.

Por más enfrentamientos entre los grupos armados ilegales que los estudios afirman haberse recrudecido a todos estos les conviene la continuidad de la política de paz (si acaso se le debe llamar así). Es decir, el desgobierno y la pérdida del control territorial por parte de las Fuerzas Militares y de Policía, que es real. Para no ahondar en el deterioro de las capacidades de éstas inocultables pese a lo señalado por el Ministro de la Defensa.

La violencia y la corrupción no son una novedad en la política colombiana. No obstante puede afirmarse sin temor que nunca en tiempos recientes la incidencia del crimen, en todas sus modalidades, será tan determinante. Luego unos se extrañan de los resultados de las encuestas que riñen con la sensatez dado el desastre en el que han sumido al país. La maquinaria del Gobierno y la de los criminales -distinción difusa- está en marcha. El que no lo entienda en su cruda dimensión que no se sorprenda con lo que se nos viene.