Lo que falta en la Ley de Competencias

Después de ocho meses de trabajo, el gobierno presentó el borrador del proyecto de Ley de Competencias que ordenó la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) aprobada el año pasado. A pesar de su extensión de 176 páginas y 201 artículos, el proyecto no cumple lo establecido en la reforma, no tanto por lo que dice el proyecto sino por lo que deja de decir.

Según el Acto Legislativo (AL) 03/2024 el principal objetivo de la Ley de Competencias es “el cierre de brechas sociales, económicas e institucionales entre los territorios”, para lo cual debe “efectuar los ajustes necesarios a la estructura de la administración pública, en razón de la transferencia de competencias de la que trata el presente artículo, garantizando la eficiencia del gasto público y evitando la duplicidad de funciones entre los distintos niveles de gobierno.”,

También se ordenó en el AL que la transferencia de nuevos recursos a los entes territoriales debería ir acompañada de manera simultánea con la transferencia de competencias y gastos del gobierno central a las regiones, de manera que no se incrementara el gasto público y se garantizara la sostenibilidad fiscal del Estado

En este marco, la misma reforma estableció que la Ley debería tener en cuenta por lo menos siete fines, el primero de los cuales era “Definir la distribución de competencias y recursos entre el gobierno nacional y las entidades beneficiarias del Sistema”. Nada de esto se incluyó en el proyecto, que es muy detallado en definir los porcentajes de distribución de los recursos adicionales que se van a transferir, pero no especifica de donde van a salir esos recursos o, lo que es lo mismo, cuáles son los gastos y competencias del gobierno central que se van a trasladar a los entes territoriales.

El proyecto es generoso en la distribución de recursos Además de los porcentajes de recursos asignados a los sectores tradicionales (educación, Salud y agua potable), el proyecto define nuevos beneficiarios que recibirán el 4 % del SGP: los resguardos indígenas, municipios ribereños del Magdalena, el Paes y el Fonpet. Adicionalmente destina otro 5 % a la constitución del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Participaciones, y busca financiar parte de la reforma a la salud que se discute en el Congreso con los mismos recursos del SGP.

A esto se debe añadir que el AL sin asignar porcentajes específicos, también estableció que el SGP debía garantizar la universalidad de la cobertura en los sectores de salud, educación y agua para el consumo humano y que la ley debía determinar una participación especial para los municipios de menores categorías y población.

Todos son objetivos deseables, pero como en las cuentas de la lechera se está gastando una plata que no existe. Porque para que se transfieran recursos adicionales al SGP debe haber una reducción equivalente de gastos y competencias del gobierno nacional que deben ser trasladados a las regiones.

El gran problema es que si unas regiones o sectores van a recibir ahora un porcentaje mayor del SGP, debe haber otras regiones que deben asumir los gastos que traslade el gobierno central, y los deben financiar con sus recursos propios. El proyecto no dice nada de cuáles son esos gastos que se trasladaran, ni mucho menos quien los va a asumir. ¿Qué gobernador o alcalde está dispuesto a hacerlo?