La situación de orden público

Las equivocaciones cometidas por el actual gobierno en la política de la paz total, han permitido no solo el fortalecimiento de las organizaciones ilegales, sino que han colocado en grave riesgo a las comunidades en los territorios. Pactar ceses del fuego sin que haya una debida verificación hace al Estado corresponsable por omisión de las violaciones a dichos ceses.

La situación de orden público sigue siendo motivo de una enorme preocupación en el país. El deterioro de la seguridad en extensas regiones de Colombia, confirma que es cada vez mayor el poder de los grupos armados. Existen aumentos en materia de control territorial por parte de estos grupos ante la pasividad del gobierno, que no da señales de estar a la altura de este desafío para contrarrestarlo.

Con los ceses bilaterales de fuego que no funcionan, los cambios constantes en las cúpulas de la Policía y el Ejército, la salida de oficiales con experiencia, el no reforzar la inteligencia y la falta de toma de decisiones oportunas y estratégicas, la violencia se desbordó. Los reclamos de los gobernadores por la situación de inseguridad en sus Departamentos son cada vez más generalizados y es difícil, como en el caso de la violencia, creer que su molestia es aislada, pues se ha convertido en una voz unánime ante la inacción del gobierno de Petro.

La debilidad del Estado es aprovechada por los grupos insurgentes y de narcotraficantes que controlan las rentas ilegales. El frente 33 de las disidencias de las Farc no solo aprovechó la ausencia estatal, sino que se fortaleció gracias a un proceso de paz que en nada lo comprometió y que, al contrario, le otorgó beneficios de todo tipo.

Intranquiliza que ante esta grave e incontrovertible realidad no exista una reacción eficaz del gobierno en defensa de los sectores vulnerables de la población, tan presentes en los discursos, pero tan ausentes a la hora de ejecutarse el presupuesto.

Petro tiene en la paz total uno de los frentes más críticos de su gobierno. Los precarios resultados con sus dos mayores apuestas, el Eln y las disidencias de las Farc, son evidentes en el Catatumbo y en el Cauca, donde la violencia de estas bandas criminales y su pelea por el narcotráfico y la minería ilegal, sigue cobrando vidas de civiles y de miembros de la Fuerza Pública. Le corresponde, pues, al gobierno replantear su política de paz.

La seguridad de los territorios no puede depender tampoco de treguas entre dos grupos armados. Esa es una lección que no parece haber sido aprendida por los responsables de la paz en la actual administración. Preocupa también el recrudecimiento de la violencia por el aumento de la producción de cocaína en el país. Los grupos armados y sus socios, los carteles de la droga, están utilizando las negociaciones de paz para aumentar su control y expandir la producción de coca.

El orden público del país sigue en franco deterioro. No se ve en el mapa de la paz total un proceso que pueda realmente llegar a buen término. El Estado, a pesar de haber utilizado la negociación, no ha logrado garantizarles la seguridad a las regiones y no se vislumbran propuestas claras para solucionar la violencia.