La Paz del Sur

Si existe algún lugar para realmente mirar los avances significativos de la estrategia gubernamental de la llamada ‘Paz Total’, ese lugar es el sur del país, en los departamentos de Nariño y el Putumayo.

No son los únicos avances en el contexto de los esfuerzos por poner fin a distintas expresiones de violencia con distintos grupos armados en todo el país, pero a mi entender sí se trata de los procesos más maduros que muy seguramente habrán de terminar no solo en la transición de estos grupos hacia la legalidad (incluyendo su desarme), sino también en algo igualmente significativo y trascendental: el desescalamiento de la violencia de la mano de importantes transformaciones territoriales.

Esta idea última de transformar el territorio de la mano de una amplia participación social y comunitaria es el centro del enfoque gubernamental, comprendiendo las nuevas realidades y recambios de lo que antes se entendía como un conflicto político armado en la disputa por la toma del poder nacional, pero siendo que ahora las conflictividades armadas y con ello la búsqueda de la paz, se encuentra es estrechamente vinculada con complejas realidades territoriales, incluyendo la presencia de cultivos de uso ilícito, dinámicas de narcotráfico, minería ilegal, reclutamiento forzado, confrontaciones por el control territorial, entre otras dinámicas criminales y de violencia, además de una inadmisible e histórica falta de presencia estatal.

Se trata, como lo ha reiterado Otty Patiño, consejero comisionado de Paz del Gobierno Nacional, de lograr la vigencia plena del Estado de derecho allí en donde hoy, y en muchos casos durante décadas, quien ha tenido la hegemonía es la ilegalidad.

Para el caso de estas experiencias exitosas me estoy refiriendo a los procesos que están teniendo lugar con los grupos ‘Comuneros del Sur’ (escindido del ELN) y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una derivación de las antiguas Farc. Allí han estado puestas en juego acciones y decisiones que muestran, repito, las bondades de un nuevo modelo para superar el conflicto y la violencia. ¿De qué decisiones y acciones estamos hablando?... de varias, entre otras: en primer lugar, y quizás lo más importante para comenzar, ha sido la voluntad inequívoca de los actores armados para asumir una transición hacia la paz.

También ha sido igualmente importante estar produciendo hechos verificables de desescalamiento de la confrontación, lo que incluye destrucciones parciales (pero significativas) de material de guerra así como haber convenido y estar concretándose distintas acciones de transformación territorial implementando, por ejemplo, modelos alternativos para transitar de la economía del narcotráfico hacia otras opciones legales y rentables.

Y no es menor otro asunto: el de una amplia participación de las comunidades que es con quienes en últimas, junto a la institucionalidad y la apropiación del territorio, se puede dar forma a una plena vigencia del Estado de derecho y al ejercicio de una democracia ancha y profunda.

Todo este relato lo traigo a esta ventana de opinión a propósito de hoy estar concluyendo en Buga un encuentro departamental, denominado ‘Por el Derecho a la Paz’ convocado por un amplio grupo de instituciones y procesos vinculados a la construcción de paz (Oficina del Consejero Comisionado de Paz (Occp), Iglesia Católica (Ficonpaz), Consejo Departamental de Paz, Secretaría de Paz del Valle, Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana, Universidad Cooperativa de Colombia, Instituto de Paz de Univalle, entre otros) en el que se han mirado estas experiencias para aprender de la ‘Paz del Sur’, así como los avances importantes de la paz en Buenaventura, al tiempo que se ha construido una Agenda Regional con el potencial de coadyuvar a la transformación positiva de la conflictividad en el departamento.

Cuando la paz gana, ¡nadie pierde!