La afrenta del Canciller

Al no acatar la decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación de suspender por tres meses al canciller Álvaro Leyva, el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, envía un mensaje nefasto en contra de la institucionalidad y del respeto que se debe tener a los entes del Estado encargados de garantizar la transparencia en el quehacer público. Lo que sucede es una afrenta a la ley, a la Constitución y al Estado de Derecho, pilares de nuestra democracia.

La sanción impuesta por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría al Ministro de Relaciones Internacionales se relaciona con posibles irregularidades durante en el proceso de licitación de pasaportes. Según la entidad, el canciller Leyva habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas como gravísimas y cometidas a título de dolo.

De acuerdo con el organismo de control, “al declarar desierta la licitación 001 de 2023, sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos”, el alto funcionario “pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”. En el segundo caso, al Ministro se le profirieron cargos por decretar la urgencia manifiesta durante el trámite contractual sin que “al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”.

Hay que recordar que este asunto, en el cual está involucrada a empresa Thomas Greg & Sons, única proponente de la licitación y quien demandó a la Nación por las decisiones del Canciller, generó una confrontación entre Leyva y la Directora Nacional de Defensa del Estado, quien renunció a su cargo al no ser tenidas en cuenta sus recomendaciones de llegar a una conciliación con la contraparte para evitar posibles detrimentos para la Nación.

Al negarse a dejar su cargo por los 90 días que dura la sanción de la Procuraduría, el canciller Leyva le hace un daño muy grave a la institucionalidad. Más aún cuando la que es esa grave afrenta, desde el 24 de enero que debió retirarse temporalmente de su cargo, ha seguido en el ejercicio de funciones, ha firmado al menos doce decretos de nombramientos en el servicio exterior, cesaciones de cónsules o delegaciones, entre otros.

Desconocen tanto él como el Presidente de la República, quien sigue sin firmar el decreto, relevándolo del cargo por ese tiempo y nombrando a su remplazo, el Estado de Derecho que rige en una sociedad democrática como Colombia, donde las normas jurídicas se respetan, existe la separación de los poderes, se impone el principio de legalidad y toda actividad del Estado se debe hacer dentro del marco de la Constitución.

Mal ejemplo el que le dan a la Nación, y peor mensaje el que envían a los colombianos al ser selectivos con las decisiones de los jueces que afectan al Gobierno Nacional y a sus funcionarios. Al presidente Petro hay que exigirle que cumpla con la Constitución Nacional que es la ley de leyes, que aparte al canciller Álvaro Leyva de su cargo mientras se resuelve de manera definitiva la investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación y que no se obstaculice más el accionar de los entes de control ni se obstaculice la labor de los organismos de Justicia.