Un asunto serio

Se pueden hacer muchas interpretaciones del paro pero es imposible no coincidir en que existe un enorme malestar social que la clase política no ha sabido interpretar y que puede llevar a que el país se les salga de las manos en el 2022. Fue distinto a los paros del 2019, donde el papel protagónico lo tenían los estudiantes, clases medias y sindicatos. Ahora es el grueso de la población.

Las cifras son dicientes. En la encuesta de Datexco el 73% de los colombianos dijeron que apoyaban el paro. A pesar de estar en el peor momento del Covid-19, con ciudades donde el sistema hospitalario está al borde de colapsar, la gente salió masivamente. Y la razón es porque las cifras de pobreza, desigualdad y hambre han aumentado de manera dramática. Como sostiene Mauricio Uribe en su columna de La Patria:
“[es] trágico que a 7.420.265 personas (15,1% de la población) no les alcance para comprar los alimentos mínimos requeridos para sobrevivir.”

Eso se vio en las calles. Siempre hay vandalismo en las protestas, gente que se aprovecha de la situación para saquear, pero esta vez había un sentimiento distinto. Había un sentimiento moral de que era justo, que era una cuestión de supervivencia. Por supuesto que el vandalismo y el saqueo, en últimas, encarnan una enorme injusticia. El caso de la tienda de bicicletas de Jarlison Pantano, un exciclista hecho desde abajo, a quien le vaciaron su negocio, que no era más que la empresa de la familia, muestra lo injusto que puede llegar a ser la situación. Sin embargo, el malestar social no repara en lo que se lleva por delante.

El gobierno, en ese sentido, ha sido sumamente sordo y ciego. Aunque el Covid-19 puede argumentarse como una excusa para el mal desempeño de la economía, eso es irrelevante a la hora de interactuar con la sociedad. La gente ya sabe cuál es el problema, lo viven en carne propia y lo que aspiran es a una solución. Es este momento cuando se necesita el liderazgo del presidente para convocar a todo el establecimiento político y económico a hacer un sacrificio que, al menos, ofrezca un alivio a quienes lo están pasando peor y que haga sentir a la gente que se está haciendo lo máximo que se puede.

En suma, además de sordo y ciego el gobierno de Duque es mudo. O, mejor dicho, es incapaz de convocar las distintas fuerzas sociales en una sola causa. La reforma tributaria es necesaria, sin ella no habría como sostener el ingreso solidario. Pero el gobierno está en la obligación de transmitir dos mensajes contundentes. Uno, que sectores de la economía, como la banca y las bebidas gaseosas, que gozan de un cuasi monopolio deben tributar más sin trasladar los precios a la población. Al igual que exigir un impuesto especial mientras dura la pandemia a otros sectores cuya supervivencia en el mercado resiste un incremento tributario. Dos, que los asalariados de ingresos superiores, que en Colombia es cualquiera que gane más de cinco o seis millones mensuales, deberán también hacer un sacrificio por los que no alcanzan a ganar para comer lo suficiente cada día.

No es un capricho, si no lo hacen en el 2022 la clase política puede desaparecer durante un largo tiempo por la destrucción de la democracia y el sector empresarial perderá su patrimonio por la persecución a la libre empresa. La izquierda radical sabe que solo llega al poder en circunstancias extraordinarias, por eso no lo puede soltar.
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