Problema endémico

El país se ocupa de la arremetida del Eln. Dicen se trata de una ‘despedida a Duque’. Luego vendrá la ‘bienvenida al que llegue’. Cada cuatro años es lo mismo desde hace décadas, independiente del grupo armado ilegal. El país se acostumbró al pulso armado como mecanismo de presión política; un forcejeo que no ha cesado con o sin procesos de paz pues mientras unos grupos se desarman otros se rearman y nacen unos nuevos.

Ha sido una constante al menos por cincuenta años y parece no tener fin. Y no lo tendrá mientras no se entienda la causa raíz: el Estado no ha tenido la capacidad de aplicar la ley en todo el territorio. Se acuñó la frase aquella de ‘hay más territorio que Estado’ y es así no solo porque es un territorio extenso, diverso y con rincones inexpugnables, sino porque no se ha hecho lo suficiente para coparlo al menos con mínimos de Estado.

Es cierto que el Estado debe llegar con servicios públicos, educación y salud, entre otros. Y lo ha logrado parcialmente. El avance en la cobertura de bienes y servicios esenciales en las últimas décadas es extraordinario, aunque hay regiones con deficiencias, especialmente en la calidad de los mismos. Pero el progreso económico y social del país es innegable, aunque prevalezca la idea de que el país está cada día peor.

Pero hay un aspecto en el que pese a ingentes esfuerzos y al compromiso denodado de varias generaciones, el país sigue con enormes retos: la aplicación de la ley en territorio. En materia de orden público, seguridad y justicia. Vacío que aprovechan los criminales, llámense guerrillas, disidencias, clanes o narcotraficantes; en últimas son lo mismo. La arremetida del Eln, como en el pasado, es un ejemplo de este, un problema endémico.

El Acuerdo de Paz contemplaba la ocupación del territorio antes dominado por las Farc por parte del Estado. El gobierno anterior anunció sendos programas de alistamiento, inversiones billonarias y planes de ocupación y consolidación territorial. El Ministro de Defensa de entonces dijo incluso a la BBC a inicio del 2017: “Esa batalla por la ocupación de territorios que dejaron las Farc, la ganamos ya”. La realidad era otra muy distinta.

Era cuestión de tiempo para que las estructuras armadas se reprodujeran como cuyes. Una parte del territorio terminó siendo ocupada por el Eln y las disidencias de las Farc; se estima que entre las dos hay 10.000 personas en armas, cifra cercana a los 13.000 desmovilizados de las Farc desde 2016, lo que sugiere una reflexión sobre la efectividad de los acuerdos y en especial por qué el Estado no logró copar el espacio de esa guerrilla.

Pero más allá de señalar responsables -sobre lo que se debió hacer y no se hizo o se hizo a medias- la realidad es que no hubo fin del conflicto, ni fue una paz estable y duradera. Sin desconocer la importancia de contar con miles de nuevos desmovilizados, las Farc fueron sustituidas de inmediato por el Eln y otras organizaciones dedicadas al crimen; al narcotráfico, la extracción ilícita de minerales, el secuestro, la extorsión, el asesinato.

Mientras el Estado no ejerza la autoridad legítima que le corresponde y la ley se aplique en algunas zonas críticas del territorio, no habrá terreno fértil para el desarrollo en esos lugares. Podrán negociarse todos los acuerdos de paz que quieran y no habrá paz pues esta pasa por una presencia mínima del Estado en materia de orden público, seguridad y justicia; una presencia suficiente para que el crimen no se siga reproduciendo. No es una postura guerrerista o pacifista, es la triste realidad que algunos no quieren ver.

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