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Motos, sin Dios ni ley

Si el objetivo es poner orden al caos ocasionado por muchos motociclistas, por su propio bien y el de los demás, deben pagar impuestos y peajes proporcionales a los vehículos, y por el alto riesgo inherente a las motocicletas, ser objeto de multas ejemplarizantes.

21 de mayo de 2017 Por: Francisco José Lloreda Mera

La moto es el medio de transporte individual de pasajeros más popular de Colombia al punto de haberse convertido en competencia de los sistemas de transporte masivo en varias ciudades. Independiente de si se usa para ir al trabajo, llevar los hijos al colegio, ir de paseo, o para algún tipo de negocio, es el medio de desplazamiento de mayor crecimiento en el país. Y de caos vial y accidentes mortales, pues no tienen Dios ni Ley.

De acuerdo con el Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, el parque automotor del país (vehículos, motos, camiones y maquinaria) a junio de 2016 era 12,5 millones. De estos el 56% eran motos, es decir, casi 7 millones. En el 2000 se vendieron más de 57 mil motos mientras en el 2015 fueron 679 mil; es más, en 2015, el número de vehículos vendidos fue de 280 mil, es decir, se vendieron más del doble de motos que de carros.

La industria automotriz colombiana se ha convertido en un importante renglón de la economía contribuyendo con el 4% de la producción industrial con encadenamientos en otros sectores. Y dentro de esa modalidad, la producción de motocicletas ha crecido de manera exponencial con una producción bruta en 2014 de $2,2 billones de pesos, al punto que Colombia es el segundo productor en América Latina después de Brasil.

Pero el mal uso de las motocicletas se ha convertido en una de las principales causas de accidentalidad vial y mortalidad. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2016 fallecieron en accidentes de moto 3.270 personas, nueve al día, equivalentes al 46% de las muertes en accidentes de tránsito. En Cali, en 2016, el 64,5% de los 5.043 accidentes fueron con motos, y en lo corrido del año 43 personas han perdido la vida.

Si lo anterior fuese insuficiente para encender las alarmas del gobierno nacional y las regiones, valga recordar el caos vial ocasionado por muchos motociclistas. No respetan carriles aunque el Código Nacional de Tránsito les exija desplazarse por el derecho y en los semáforos se meten a la brava y en zigzag entre los carros, por lado y lado, como hordas desesperadas por llegar al semáforo para arrancar de nuevo raudos y veloces.

En Europa los motociclistas no suelen ser un problema. En Suecia, Holanda y Alemania, países con baja accidentalidad, se comportan como ‘vehículos’. Respetan los carriles, los límites de velocidad y no se meten a la loca entre los carros. Es más, en la mayoría de ciudades europeas sólo se permiten motos de menor cilindraje que en las nuestras, pagan impuestos y peajes, y los exámenes para la licencia de conducción son rigurosos.

La mayoría de acciones de los gobiernos y autoridades de tránsito en nuestro país se centran en el componente pedagógico, importante, pero claramente insuficiente. Si el objetivo es poner orden al caos ocasionado por muchos motociclistas, por su propio bien y el de los demás, deben pagar impuestos y peajes proporcionales a los vehículos, y por el alto riesgo inherente a las motocicletas, ser objeto de multas ejemplarizantes.

Se confunde el que las motocicletas sean una alternativa de transporte asequible a los sectores populares con no exigirles el cumplimiento de la ley y un comportamiento adecuado. El problema está sobre diagnosticado pero por razones políticas se volvió un tema intocable; nadie le pone el cascabel al gato so pena de ser linchado. Los muertos, los lesionados, y el caos vial, que esperen; poco importan. Esa pareciera ser la consigna.

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