Luego nos quejamos

La decisión de la sección tercera del Tribunal de Cundinamarca de ordenar al Gobierno Nacional suspender cualquier actividad de los oficiales estadounidenses que llegaron hace un mes a Colombia a brindar asesoría y asistencia militar en la lucha contra el narcotráfico, es un esperpento jurídico, una intromisión en asuntos de competencia del Ejecutivo y una toma de posición inaceptable en una discusión de carácter político.

La Constitución establece que le corresponde al Senado “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República” (Artículo 173.4) y que en los “casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeras de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado.” (Artículo 237).

La asistencia militar no es un “tránsito de tropas” y el visto bueno del Consejo de Estado se refiere a esa situación específica y a la de “estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeras de guerra”. Los artículos de la Constitución son muy claros; basta leer bien y no guiados por el deseo o un sesgo político, para concluir que el Gobierno no requería de autorización del Senado ni tampoco escuchar antes la opinión del Consejo de Estado.

Pero no se trata solo de una interpretación jurídica absurda sino de una usurpación de una competencia del Ejecutivo, pues a este le corresponde dirigir la política exterior y el Presidente es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Por ende, el Gobierno está facultado para realizar acuerdos de cooperación militar con gobiernos extranjeros, como ha sucedido siempre. Los jueces lo están para impartir justicia y no para gobernar.

Si lo expuesto no fuese suficientemente delicado examinemos lo que dio origen al fallo. Fue una tutela interpuesta por un grupo de senadores liderado por Iván Cepeda, Aída Abella, Gustavo Petro y Pablo Catatumbo. ¿Cuál fue el derecho fundamental vulnerado? Ninguno. La propia Procuraduría, que no es necesariamente gobiernista, conceptuó que no procedía la tutela pues había otros recursos a los que podían acudir los congresistas.

Lo que el Tribunal hizo no fue nada diferente a tomar partido en una discusión política. Quienes interpusieron la tutela lo hicieron luego de fracasar en los debates de control político sobre la presencia de los oficiales norteamericanos. “Sería una amenaza para la paz regional y de Colombia”, señalaban. Extraño, pues la amenaza a la paz de Colombia es el narcotráfico, combustible de la violencia, y no quienes nos ayudan a combatirlo.

Pero como este es un país de memoria selectiva, el Tribunal y parte de la opinión pública olvidó que el apoyo norteamericano no es de ahora y ha sido clave para Colombia. ¿Qué sería del país sin su asistencia en la lucha contra los carteles de Medellín y Cali, y sin el Plan Colombia?
Gobernarían Pablo Escobar y el ‘Mono Jojoy’. Y se rasgan las vestiduras por 53 militares que prestan asistencia técnica y militar en el combate al narcotráfico.

Lo anterior evidencia el interés de quienes pusieron la tutela. No es la paz ni tampoco la soberanía lo que los motiva. Querían atravesársele a la lucha contra el narcotráfico, darle un mensaje de tranquilidad a Maduro -que ha estado nervioso- y sacarse el clavo ante el fracaso de su oposición en el Congreso a la asistencia militar. Y el Tribunal se prestó para eso. Felices deben estar el Eln, las disidencias de las Farc y los carteles mexicanos. Luego nos quejamos de la violencia y los asesinatos a manos de los narcos.

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