La ley para los demás

Claudia López no es la primera alcaldesa en incumplir las medidas sanitarias propias de la cuarentena. Tampoco es la única mandataria local a quien la Fiscalía le ha abierto investigación. Razón para dejar a un lado el argumento maniqueo de que se trata de una persecución política o que el Fiscal Barbosa le está haciendo un mandado al Presidente. Pero si esto no fuese suficiente, sacudamos la memoria, y recordemos lo que dice la ley.

El 22 de marzo el Gobierno Nacional expidió el decreto 457 que establece el aislamiento obligatorio. El artículo 3 numeral 2 del mismo, exceptúa de la restricción la adquisición de bienes de primera necesidad como alimentos y bebidas, entre otros. Es decir, salir a mercar. Pero el parágrafo 2 de ese artículo dice que “se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar” al realizar las actividades descritas en este numeral.

El 24 de marzo, la alcaldesa de Bogotá, mediante el decreto 092, ordenó el aislamiento obligatorio “de todas las personas habitantes de Bogotá” y recoge de manera textual el decreto nacional. Es así que en su artículo 2 exceptúa de la restricción obligatoria la ida a mercar, con la misma condición del decreto 457: una sola persona por núcleo familiar. Disposición que la alcaldía ha ratificado en la medida en que se extiende la cuarentena.

Ese mismo día el Fiscal General señaló, en una rueda de prensa, con firmeza: “la Fiscalía será implacable con quienes no cumplan las medidas de prevención. Judicializaremos a quienes pretendan desconocer los protocolos relativos a las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno” y agregó que “quienes incumplan serán sancionados de acuerdo con los artículos 368 y 369 del Código Penal” (infracción a medidas sanitarias).

Cuatro días antes la Fiscalía había informado, mediante comunicado, la apertura de una investigación al alcalde de Popayán, para establecer si violó las medidas sanitarias del artículo 368 del Código Penal, por asistir a una reunión en Palacio de Nariño sin haber guardado 14 días de cuarentena al llegar del exterior. Y la Procuraduría hizo lo propio. Hubo júbilo total en las redes sociales; masacraron al alcalde, por incumplir la norma.

Es decir: 38 días antes de que la Fiscalía le abriese investigación a la alcaldesa de Bogotá por violar la ley -y el decreto que ella misma expidió- lo hizo con el de Popayán. Pero no ha sido el único caso. El 9 de abril la entidad informó que para esta fecha existían 118 investigaciones por presunto incumplimiento de medidas sanitarias y otras conductas asociadas. De similar manera ha procedido la Procuraduría, con alcaldes y funcionarios.

Resulta entonces forzado, por decir lo menos, señalar que la apertura de investigación a Claudia López es un acto de persecución política. Igual podría decirse entonces sobre el alcalde de Popayán, a quien muchos que defienden a la alcaldesa, le cayeron encima. Mal hace entonces la funcionaria en insistir que se trata de una retaliación del Fiscal por la pelea unilateral que le ha cazado al Presidente. Los hechos evidencian lo contrario.

Lo ocurrido da para una discusión, en tres aspectos: si violar la cuarentena debería ser delito, independiente de quien incurra en la conducta; si la ley debe aplicar a todos por igual o de manera selectiva, como algunos lo sugieren; y cómo conciliar el discurso de un gobernante con sus acciones, cuando estas contradicen sus propias instrucciones. No creo que la alcaldesa de Bogotá y la senadora violasen la cuarentena a propósito. Pero deben dar ejemplo, al menos ahora: acatar la ley y respetar a la autoridad judicial.

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