Descaro

Julio 23, 2022 - 11:50 p. m. 2022-07-23 Por: Francisco José Lloreda Mera

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anuncia que demandará al Gobierno Nacional por los daños y perjuicios causados al patrimonio público y privado de la ciudad durante el paro nacional de 2021. Responsabiliza de los desmanes, en particular, al Ministerio de Hacienda por querer “imponer una reforma tributaria” contra el pueblo; acusación que amerita un recuento veraz de los hechos y volver a poner las cosas en su debido lugar.

Lo primero a recordar es que el paro nacional no se originó por la reforma tributaria. Su convocatoria, por parte los sindicatos, antecedió a su presentación en el Congreso. Pero, fue hábilmente convertida en la excusa perfecta para atizarlo. Prueba de ello, la continuidad del paro, una vez retirada la iniciativa y habiendo renunciado el ministro. Iban por la cabeza del presidente Duque y la caída del gobierno, lo demás es mentira.

Y en ese juego estuvo Ospina, quien, dígase lo que se diga, fue un promotor del paro. En la memoria está su salida en falso ante el derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar por parte de los indígenas del Cauca; justificó el hecho al decir que se debía a que faltaban bustos de indígenas y de afros. Un año y tres meses después, la efigie del fundador de Cali no ha vuelto a su lugar, y seguro no volverá mientras él sea alcalde.

Igual ocurrió con el tweet justificando los bloqueos. “Bloquear es un derecho precioso”, escribió el 17 de junio de 2021. Luego lo borró, cuando le debieron hacer ver que estaba incitando a un delito. Luego trató de enmendar la plana diciendo se refería a “bloquear en Twitter”. Ni siquiera tuvo la gallardía para sostenerse en su posición. Confirmaba así, su complacencia con haber visto a la ciudad que dice gobernar secuestrada 53 días.

Ahora tiene la osadía de anunciar una demanda contra la Nación tras haber premiado a los vándalos que el incitó; de rendirle honores al adefesio erigido en Puerto Rellena y proteger unos grafitis que insultan a Cali. Es el gobernante que eligieron los caleños, el principal responsable de la destrucción, la estigmatización y dejadez de una ciudad que con valor la mayoría de ciudadanos se empeña en recuperar pese al extravío del alcalde.

Ospina no cumplió con su deber. Con los antecedentes del vandalismo del año 2019 ha debido gestionar un incremento en el pie de fuerza y no maniatarlo, proteger el sistema de transporte masivo, sus estaciones y buses, y prohibir con la gobernación el ingreso a la ciudad de los indígenas del Cric. Impedir con firmeza y determinación, de la mano de la Fiscalía y el Esmad -sí, el Esmad- el bloqueo de las principales vías de acceso a Cali.

Pero no. Pasará a la historia como el responsable por acción y omisión de la destrucción de 86 intersecciones semaforizadas, 40 cámaras de velocidad, 1500 señales de tránsito, y de la quema y la avería de 62 buses del MÍO, y del incendio de 55 estaciones; increíble que a estas alturas alguna estaciones no hayan sido dadas al servicio como corresponde. Para no ahondar en los daños y perjuicios causados al comercio formal y a la ciudadanía.

Es cierto que el Gobierno Nacional no estuvo a la altura de las circunstancias. Pero lo sucedido en Cali obedece en gran medida a que Jorge Iván Ospina no solo no ejerció como alcalde y jefe de policía, sino que, a juzgar por su actuación pusilánime y errática, parecía estar del lado de los de la Primera Línea. Se presenta como víctima cuando ha sido un victimario. Por eso, la demanda contra la Nación es un descaro; una prueba más de su cinismo, el mismo que lo lleva siempre a culpar a otros de su incompetencia.

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