Confirmación

Los primeros 100 días de un Gobierno suelen anticipar lo que se espera hacia adelante. De ahí la costumbre en Colombia y en el mundo de realizar balances en dicho período. En el caso del presidente Gustavo Petro es una tarea obligada por tratarse de una administración que empieza a ser disruptiva en varios frentes, cuyo inicio se caracteriza por una mezcla de proactividad legislativa, muchos anuncios y poca concreción, y una gran locuacidad.

Lo primero a resaltar es que el Presidente se mantiene en el modelo de país que quiere. Cosa distinta es que muchos sigan en negación a la espera que revise algunas posturas, lo que no sucederá salvo se le presenten argumentos contundentes, no logre el respaldo político necesario o perciba una opinión pública mayoritariamente opuesta. Lo anterior porque él cree firmemente en sus ideas y no da fácilmente el brazo a torcer.

Es así que el Mandatario anhela un cambio de fondo en el modelo económico y social. Parte de la premisa de un supuesto fracaso del sistema de libre mercado para justificar la estatización de algunos bienes y servicios y una política de reducción de la pobreza cimentada en subsidios y no en el crecimiento económico y en la generación de empleo. Sistema al que además le atribuye la crisis climática, sin valorar sus aportes positivos.

En ese modelo el rol del sector privado juega un rol marginal. De ahí que la generación de ingresos para la subsistencia de la población por cuenta del empleo formal particular pierda relevancia y busque ser sustituido por una distribución masiva de subsidios. No debe extrañar si el grueso de recaudo tributario termina en programas asistencialistas, muy efectivos para granjearse el apoyo popular, aunque terminen quebrando al Estado.

No en vano el Gobierno impulsa un sistema de salud, educación y seguridad social que privilegia la oferta estatal y pareciera empeñado en expropiar el ahorro pensional de los colombianos. Igual ocurre con el sector minero-energético y el de servicios públicos domiciliarios, en los que sin duda busca marchitar la participación de los particulares. Un regreso décadas atrás hacia un modelo que no funcionó, aunque se diga lo contrario.

No es cierto que el sistema económico de libre mercado ha fracasado. El 91 por ciento de la humanidad hoy día vive en países de ingreso medio o alto cuando a inicio del Siglo XX el 80% vivía en la pobreza, y en Colombia, la tasa de pobreza pasó del 80% en 1978 al 35% pre-pandemia. Igual ocurre con otros indicadores que evidencian una mejoría significativa en la calidad de vida de la población mundial bajo el sistema capitalista.

Ahora bien, no es un sistema perfecto por lo que se requiere la intervención del Estado para corregir asimetrías en aras de una sociedad más equitativa. Pero de ahí a decir que falló para aventurarse en uno de economía planificada similar al de otros países de la región empobrecidos por cuenta de ese tipo de experimentos, cuando además todos los países comunistas han migrado hacia el sistema de libre mercado, es un despropósito.

Ese es el balance de los primeros meses de Gobierno: la confirmación de la búsqueda de un nuevo modelo económico y social. Lo que no debe sorprender, pues es consistente con lo prometido. Cosa distinta es si al país le conviene lo que se pretende y si lo logre. Dependerá de qué tan consecuentes son los partidos con sus ideologías, del rigor de las ramas del poder en la defensa de la Constitución, del rol del sector privado y, ante todo, de los colombianos: si quieren un país empobrecido o que crezca responsablemente.