Economía subterránea (1)

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Economía subterránea (1)

Enero 29, 2019 - 11:50 p.m. Por: Emilio Sardi

Colombia vive inmersa en una economía subterránea que ni se cuantifica ni se controla y que tiene dos modalidades, la informal, o en la sombra, y la criminal. La primera incluye actividades que, sin ser prohibidas, no se reportan en los sistemas institucionales y con frecuencia violan algunas normas. A esta modalidad corresponden, entre otros, el comercio callejero que invade el espacio público y solo mueve efectivo, o los servicios profesionales que no se reportan, o el comercio en efectivo del ganado, o muchos tipos de empleo informal. La segunda incluye actividades ilícitas, criminales o delictivas que mueven recursos billonarios y tampoco hacen parte de las cuentas nacionales, desde la minería ilegal y la producción y tráfico de drogas ilícitas hasta las coimas y sobornos de la corrupción administrativa. Ambas modalidades se extienden por el país y ni los ciudadanos las denuncian ni las autoridades las controlan.

Ahora bien, el problema no es solo nuestro. En 2017, Forbes estimaba que la economía subterránea (informal e ilegal) iba desde el 5,4 % del PIB en EE.UU y el 6 % en Suiza, hasta el 17,2 % en España, 19,8 % en Italia y el 21,5 % en Grecia. Estudios de la Ocde indican que países de Europa oriental como Rumania, Croacia, Bulgaria, Lituania y Estonia tienen porcentajes mayores, entre 28 % y 31 %. Lo grave es que acá la situación es peor.

El FMI ha enfatizado que la economía subterránea florece en países con instituciones débiles y con altísima regulación, como es el caso de Colombia. Esto es así, y un documento publicado por Anif en 2017 estimaba la economía subterránea en Colombia en 40 % del PIB, 33,5 % de la economía informal y 6,3 % de la ilegal. Esta cifra seguramente es mayor hoy, dada la dimensión creciente de la economía ilícita en el país.

La ONU informó que nada más entre 2016 y 2017 la producción de hoja de coca creció 32 %, llegando a 931 mil toneladas en 2017, y que la producción potencial de cocaína creció 31 %, a 1379 toneladas. Ya en diciembre pasado, el Gobierno estimó el tamaño del negocio del narcotráfico en US$15.695 millones ($45 billones) anuales, o sea 5 % del PIB. En minería ilegal, en su informe de 2017 la Contraloría estimó en 63 % las explotaciones mineras ilícitas, porcentaje ilegal que llega al 85 % en metales preciosos, 60 % en materiales de construcción y 40 % en carbón. A fines del año pasado El Tiempo estimaba solo el negocio de la minería ilegal del oro en $10,1 billones de pesos al año.

La Procuraduría y la Contraloría estimaron que en 2016 la corrupción le costó al país entre 40 y 50 billones de pesos. En contrabando, la Dian ha venido estimando se mueven entre 6 y 7 mil millones de dólares al año, incluyendo desde licores y cigarrillos hasta textiles, calzado y metales como acero o aluminio. Según Global Financial Integrity, Colombia tiene unos flujos financieros ilícitos que fueron de 4 % a 10 % del total de su comercio internacional en 2014. Este porcentaje es con seguridad mucho mayor hoy, dada la caída en exportaciones e importaciones legales desde entonces.

Es tal la magnitud del problema de la economía ilegal que el breve espacio de esta columna apenas ha alcanzado para describirlo someramente. En una próxima me referiré a su impacto sobre la economía del país, particularmente cuando las autoridades económicas y quienes formulan políticas de desarrollo no la incluyen en sus análisis.

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