El Salvador: dignidad e igualdad

La situación actual de los Derechos Humanos en El Salvador plantea una paradoja profunda: mientras el discurso oficial insiste en la defensa del orden, la seguridad y el progreso, la práctica cotidiana revela un vaciamiento progresivo de los principios que deberían sostener un verdadero Estado democrático de derecho. En el centro de esta tensión se encuentran la dignidad humana, la igualdad y la prohibición de la discriminación, pilares esenciales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El despliegue de políticas de seguridad, particularmente bajo el régimen de excepción instaurado para enfrentar la violencia de las pandillas, ha derivado en masivas detenciones arbitrarias, ausencia de debido proceso y condiciones carcelarias que vulneran de manera flagrante la dignidad de miles de personas. La dignidad no es un valor abstracto: es el reconocimiento de que toda persona, sin distinción, merece ser tratada como un fin en sí mismo y no como un simple medio para alcanzar objetivos de control social o legitimidad política.

A ello se suma un patrón preocupante de estigmatización y generación de estereotipos. Jóvenes de barrios populares son tratados bajo presunciones de culpabilidad asociadas a su apariencia, lugar de residencia o condición socioeconómica. Este fenómeno no solo erosiona el principio de igualdad, sino que normaliza formas de discriminación estructural que reproducen exclusión social y refuerzan prejuicios raciales y nacionales. Se construye, en consecuencia, un relato oficial que asocia pobreza y juventud con criminalidad, debilitando los cimientos de una sociedad inclusiva y diversa.

La falta de inclusión y de reconocimiento de la diversidad, lejos de ser una omisión menor, es un signo del vaciamiento de los Derechos Humanos en El Salvador. Se reduce la noción de ciudadanía a la obediencia y al silencio, en lugar de a la participación activa, crítica y plural. Así, el lenguaje de los Derechos Humanos se instrumentaliza en foros internacionales como símbolo de compromiso, mientras en la práctica se minimiza su contenido y se despoja a las personas de sus garantías básicas.

El desafío para El Salvador no es solo restablecer el respeto formal de los derechos, sino recuperar su sentido profundo: que ninguna política, por más efectiva que parezca, puede justificarse a costa de la dignidad humana, de la igualdad ni del derecho a vivir libres de discriminación y estigmatización. Un Estado que vacía estos principios se aleja de la democracia y pone en riesgo el futuro mismo de su sociedad.