El problema global de las drogas

El tema de las drogas ilícitas ha sido central en la vida política interna de Colombia y en su política exterior, particularmente en sus relaciones con los Estados Unidos.

La dimensión de este problema desbordó todas las capacidades intelectuales de universidades y centros de investigación y, por supuesto, la de las entidades que por sus funciones macroeconómicas deberían mantener un observatorio de muy alta calidad que siguiera la dinámica de este flagelo, tanto en Colombia como en el mundo. Es que la circunstancia de ser el mayor productor de cocaína generaba unas responsabilidades que han debido asumirse en su plenitud.

Una parte de los dineros incautados ha debido orientarse a esta tarea que no solamente ha debido realizarse en Colombia, sino también en Estados Unidos, Europa y Asia. Claro que esto puede parecer exagerado, porque esa no ha sido nuestra tradición intelectual. Digamos que la Federación de Cafeteros fue un ejemplo, y continúa siéndolo, de un institución que ha mantenido un ojo muy bien puesto en el nivel nacional e internacional, para asegurar así un óptimo manejo de lo que en algún momento fue el principal producto de exportación colombiana y hoy sigue siendo el sustento de más de medio millón de familias.

La cocaína no ha sido menos significativa pero no hemos creado ninguna institución que haga el debido seguimiento y las recomendaciones apropiadas con respecto a este gravísimo problema.

Revisando la bibliografía sobre el tema encontré un excelente texto de una de las mejores expertas en el análisis del tema, la investigadora alemana Tatiana Mattiesen, y allí unos datos que deberían estar actualizados y siempre presentes. “Entre1980 y 1989, unos 350 empleados judiciales, incluyendo 50 jueces, fueron asesinados en (sin mencionar el holocausto en el Palacio de Justicia) el contexto de la violencia relacionada con las drogas”.

Colombia debería ser la generadora de estos y otros datos no menos significativos y su credibilidad debería ser máxima. Y desde esos centros deberíamos promover debates que enriquezcan las políticas antidrogas.

Dos tesis doctorales en Estados Unidos explican muy bien el tema y lo que ha significado la relación con este país en esta materia. Fue realmente una coincidencia excepcional que, ante la invitación del presidente Trump para conversar sobre la materia con el presidente Petro, dos expresidentes hubieran participado en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó el presidente, y que le permitió seguramente escuchar las voces de dos colegas que habían tenido experiencias muy diferentes con Estados Unidos. La de Ernesto Samper, muy difícil y compleja, aun antes de su posesión como presidente. Y la de César Gaviria, quien introdujo cambios muy importantes en la política que se venía desarrollando desde la administración Barco. Tanto la politóloga alemana como Juan Tokatlián hicieron descripciones y análisis muy importantes sobre la relación colombiana con Estados Unidos en materia de drogas. Y ella, doctoral en la News School For Social Research, muestra la capacidad y habilidad que tuvo César Gaviria para manejar esta relación. No obstante, la prohibición de la extradición por parte de la Asamblea Constituyente de 1991, la política de desistimiento a la justicia y la fuga de Pablo Escobar, entre otros eventos de enorme significación. Y contó con el apoyo de los Estados Unidos para su candidatura como Secretario General de la OEA y luego para la reelección en ese cargo, en donde permaneció durante 10 años.

No creo que hubiera sido posible encontrar mejores consultores.