El acuerdo entre Irán y Estados Unidos

La semana del 18 de junio, el gobierno de Donald Trump y el régimen de Irán firmaron, con la mediación de Pakistán, un acuerdo para finalizar la guerra, mientras se adelantan negociaciones más largas sobre temas de fondo entre Washington y Teherán. Este acuerdo inicial no solo está lejos de los objetivos con los que Estados Unidos entró a la guerra contra Irán, sino que tampoco se parece al acuerdo robusto que se firmó en 2015 entre Estados Unidos, Irán y varios miembros del G7.

En ese acuerdo —que Trump hizo trizas en 2018—, Irán accedió a dejar de producir uranio altamente enriquecido o plutonio, materiales que podrían usarse para fabricar un arma nuclear. También aceptó que las plantas nucleares de Fordow, Natanz y Arak se limitaran a trabajo civil: fines médicos e industriales. El acuerdo limitaba además el número y tipo de centrífugas que Irán podría operar, el nivel de enriquecimiento permitido y el tamaño de su reserva de uranio enriquecido. Según el Council on Foreign Relations, el uranio extraído de la mina contiene menos del 1 % del isótopo uranio-235 que se usa en las reacciones de fisión, y son las centrífugas las que aumentan esa concentración: al 5 % sirve para plantas de energía nuclear, al 20 % para reactores de investigación o fines médicos, y al 90 % —altamente enriquecido— es el nivel que se usa en armas nucleares.

Irán también aceptó implementar, en una fase más avanzada, un protocolo que permitía a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea) —el guardián nuclear de Naciones Unidas— acceso sin restricciones a sus instalaciones nucleares y, potencialmente, a sitios no declarados, con el fin de prevenir que el país desarrollara armas nucleares en secreto, algo que ya había intentado en el pasado. Desde la firma del acuerdo hasta la salida de Trump del mismo, el Oiea emitió informes trimestrales a su Junta de Gobernadores y al Consejo de Seguridad de la ONU sobre el cumplimiento iraní. A cambio, la Unión Europea, Naciones Unidas y Estados Unidos se comprometieron a levantar las sanciones relacionadas estrictamente con el programa nuclear. Washington mantuvo las sanciones de 1979 sobre misiles balísticos, apoyo a grupos terroristas y derechos humanos, y aunque levantó algunas restricciones a la exportación petrolera, conservó las relacionadas con transacciones financieras, que seguían desincentivando el comercio internacional con Teherán.

Aquel acuerdo —negociado por John Kerry y el gobierno Obama— era serio, contaba con el respaldo de los principales aliados de Estados Unidos, además de China y Rusia, y era un ejemplo de régimen de verificación internacional. El que acaban de firmar Trump y el régimen iraní está lejos de ese estándar, e incluso de los objetivos que el propio Trump trazó al iniciar la guerra. Según The Economist, no habrá cambio de régimen —algo que prometió en su momento—, ni respaldo a un pueblo iraní que lleva años bajo represión, ni límites a los misiles balísticos de Teherán o a su red de aliados armados en la región. El acuerdo se concentra, en realidad, en dos asuntos puntuales: la reapertura del Estrecho de Ormuz —de tránsito libre antes de los combates y, pasados estos 60 días, probablemente sujeto a un peaje— y el programa nuclear, donde Irán no cede nada nuevo.

Irán se compromete a no fabricar una bomba, algo que ya regía antes de la guerra. Lo único nuevo es que diluirá parte de sus reservas de uranio enriquecido y dejará abierta la conversación sobre el resto del programa: un terreno técnicamente complejo donde el régimen es experto en dilatar los tiempos sin comprometerse del todo. Y de fondo está el incentivo económico, que no es menor: Irán podrá exportar petróleo y derivados de inmediato y, según avancen las negociaciones, Estados Unidos liberaría activos congelados por decenas de miles de millones de dólares, levantaría sanciones y ayudaría a constituir un fondo de reconstrucción de al menos 300.000 millones de dólares. A diferencia de administraciones anteriores, a Trump no le interesa la cuestión democrática interna de Irán, y habiendo demostrado que puede convertir el Estrecho de Ormuz en un arma de presión, es posible que Teherán le vea hoy menos utilidad estratégica a la bomba. Con un régimen impopular en casa, ese dinero puede valer más que el prestigio nuclear.

Aun así, sí hay razones de fondo para dudar de que este acuerdo se sostenga. Los sectores más duros del liderazgo iraní no tienen ningún motivo histórico para confiar en Washington. La influencia regional que Irán ha cultivado depende, en buena medida, de su rol como el adversario insignia de Washington, así que renunciar a eso tiene un costo no sólo identitario, sino estratégico. Además, el programa nuclear le da un prestigio y una capacidad de disuasión que el dinero no reemplaza del todo, y los inspectores —por más acceso que se les otorgue sobre el papel— difícilmente podrán impedir que Teherán haga trampa si decide hacerla.

El acuerdo de Trump, entonces, refleja no solo su impaciencia ante una guerra impopular —que él mismo inició y en la que no cumplió ninguno de sus objetivos—, sino su rasgo más característico como negociador: acuerdos débiles, altamente transaccionales en lo económico, con bajo compromiso en derechos humanos, reformas democráticas y Estado de derecho. Y eso no es un accidente aislado, sino parte de un patrón que viene creciendo. Según la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, en 2025 China, Qatar, Arabia Saudita, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos participaron como mediadores en al menos 20 de los 53 procesos de paz registrados en el mundo —casi cuatro de cada diez—, mientras los mediadores tradicionales de la posguerra —la ONU y democracias como Noruega, Suecia o Suiza— aparecen con menos frecuencia, o en un papel cada vez más secundario.

Estos nuevos mediadores tienen ventajas concretas. Turquía, afirma Pinar Tank, del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), se apalanca en su identidad islámica para presentarse ante países musulmanes como un intermediario más confiable que las potencias occidentales. Qatar está dispuesto a sentarse con Hamás, Irán o los talibanes, actores con los que muchos gobiernos occidentales no quieren —o no pueden, por sanciones y cálculo político— hablar directamente. Y, según Allard Duursma, investigador de la ETH de Zúrich, mientras las potencias democráticas Occidentales solían condicionar sus acuerdos de paz a derechos humanos, reparto de poder y reformas democráticas, las autocracias han reemplazado esa plantilla liberal por una más simple: estabilidad, oportunidades de negocios y comercio.

El acuerdo entre Washington y Teherán no es la excepción a ese patrón. Estados Unidos inició una guerra que no pudo ganar y terminó cerrándola con la mediación de Pakistán —uno de los actores ascendentes de este nuevo mapa de mediación—, bajo un acuerdo que no exige nada al régimen iraní en materia de derechos humanos ni rendición de cuentas, y que premia con liquidez justo al actor que Trump prometió debilitar. Si esta es la plantilla que adopta Washington incluso cuando conserva la ventaja militar, el mensaje para el resto del mundo es difícil de ignorar: la paz ya no la condiciona quien defiende la democracia, sino quien tiene más que ofrecer en la mesa.