Donde haya coca habrá violencia

Actualmente tenemos 253.000 hectáreas sembradas de coca, precisamente por haber abandonado la erradicación forzosa y la aspersión. Es esto lo que en este momento se puede y se debe hacer para que no siga creciendo no solo el poder, sino la misma gobernanza de los grupos armados ilegales en vastas zonas de nuestro territorio.

El éxito de la erradicación en el Catatumbo requiere un trabajo integral y sostenido de las distintas entidades del Estado. Depende también en buena parte de la seguridad. Si el gobierno no llega a esta región para quedarse, dicho propósito será uno más en el listado de intentos fallidos.

De nada servirá definir ambiciosas estrategias si el Catatumbo sigue bajo el control de los grupos armados. Sería un esfuerzo inútil empezar un proyecto de sustitución de la coca, si poco después el Estado abandona el territorio y los habitantes que le apostaron a esta iniciativa quedan a merced de los violentos.

En El Plateado y en muchos otros municipios y corregimientos del país, es la economía del narcotráfico la que sustenta a cientos de familias que por la misma razón terminan atrapadas por los jefes de ese negocio ilícito. La plena recuperación de esos territorios no se logrará con la sola presencia militar, si bien es innegable que sin seguridad y control no habrá estrategia que funcione.

La situación crítica de seguridad que vive el país es derivada principalmente de la siembra de coca y la producción de drogas ilícitas. El drama que viven las comunidades de algunas regiones del país son consecuencia de la violencia que se alimenta de esta economía ilegal, actividad criminal que ha venido experimentando un auge en los últimos años con un crecimiento desbordado de los cultivos que ya alcanzan una cifra impresionante.

De otra parte, Colombia volvió a batir récord de áreas cultivadas, 67 % del total mundial, según el ‘Informe Mundial de drogas 2025’ de la Organización de Naciones Unidas, ONU, basado en cifras de 2023.

El billonario mercado de la cocaína no deja de crecer en todo el mundo, soportado por el enorme crecimiento de los narcocultivos y de la productividad.

La advertencia de la ONU es una alerta para el gobierno de Petro, cuya política antinarcóticos ha dejado en segundo plano la destrucción de los cultivos ilícitos. El año pasado, la erradicación forzada apenas alcanzó las 10.000 hectáreas, el resultado más bajo en la historia de antinarcóticos, frente a una extensión de coca superior a 253.000 hectáreas detectadas.

En los cinco primeros meses de 2025, la destrucción de los narcocultivos apenas va por 1800 hectáreas de una meta de 30.000, número con el que se buscaba alejar la amenaza de una descertificación. A Petro le queda ya poco tiempo para comenzar a dar pasos sólidos que la eviten.

La posibilidad de que Colombia sea descertificada por el gobierno de Estados Unidos en la lucha antidroga, ha generado a su vez preocupación en el gobierno de Petro, el cual tiene que hacer de ahora en adelante grandes esfuerzos en busca de reducir las hectáreas cultivadas y el país no sea descertificado.