La bomba de Milton

“Dista mucho de ajustarse a la moral y al buen ejemplo la presunta actuación desplegada por el disciplinado, en su condición de Concejal de Santiago de Cali, relacionada con el aparente recibo de dinero por parte de particulares, con miras a cambiar los usos del suelo”...En esos términos se refiere la Procuraduría General de la Nación a la conducta presuntamente asumida por Milton Castrillón en los hechos que ameritaron que ese órgano disciplinario le abriera pliego de cargos.Se trata de una sindicación gravísima, como la ha calificado la propia Procuraduría, y no de un acto de persecución política, como ha pretendido presentarlo el hábil concejal. Tampoco es ningún refrito, como también afirma Castrillón: el auto de la Procuraduría está fresquito, es del 15 de junio. Y si bien la Fiscalía archivó el caso, una cosa es la investigación penal y otra la disciplinaria. Remember el caso de Apolinar Salcedo, quien fue absuelto por la Fiscalía, pero destituido por la Procuraduría. Lo cierto es que el hecho en el que se ha visto involucrado el hoy candidato a la Alcaldía es de los más bochornosos que ha salpicado a algún miembro de nuestra clase política. Lo que en una ciudad donde ese tipo de escándalos ha pululado, no es poca cosa. A Milton le abrieron pliego de cargos porque supuestamente aceptó dinero para que promoviera en el Concejo un acuerdo que desafectara el separador vial de la troncal de Aguablanca, para permitir la construcción de bombas de gasolina en esas zonas.El Cabildo, efectivamente aprobó esa iniciativa. Si todo hubiera quedado allí, de seguro este entuerto no hubiera trascendido. Pero ocurrió que el Alcalde de Cali objetó el acuerdo y lo envió al Tribunal Contencioso Administrativo, que ratificó esa objeción.Lo que se rumora es que al caerse el acuerdo los empresarios reclamaron la devolución del ‘incentivo’ que le habían dado a algunos concejales para que lo aprobaran y, al parecer, Milton no quiso reintegrarlo. Entonces los empresarios, que ahora cínicamente salen en defensa de Castrillón, recurrieron a los servicios del abogado Diego Ramos para recuperar su dinero.Con mis propios ojos vi el poder con el cual los empresarios autorizaban a Ramos para que adelantara esas gestiones. Era una hoja de agenda en la que los empresarios le conferían a Ramos poder para que adelantara ante Castrillón la recuperación de los dineros girados por “gestiones no adelantadas ante el Municipio”.De paso, ese documento era una confesión pública de que habían incurrido en el delito de cohecho. Por eso no es de extrañar que ahora formen causa con Castrillón y arremetan contra Ramos, a quien en lugar de amenazar con demandas debían agradecer sus oficios para que les reintegraran el dinero que le “prestaron” a Milton.Más allá de si la Procuraduría sanciona o no a Milton, yo me pregunto si alguien que se ha visto enredado en tan sórdido asunto tiene la autoridad moral para ser Alcalde de Cali. La respuesta la da la misma Procuraduría en su fallo: “El servidor público independientemente del cargo que ejerza, pero en especial si se trata de un cargo de elección popular, debe ser modelo para sus ciudadanos”.¿Será Milton el modelo de Alcalde que queremos los caleños?