‘Criminalizar la protesta’

“Hay que acabar con la criminalización de la protesta”.
Así lo afirmó la caleña Gabriela Posso, flamante consejera para la juventud, para justificar los esfuerzos del gobierno Petro por sacar de la cárcel a los miembros de la Primera Línea, capturados tras los bochornosos hechos ocurridos durante el paro nacional.

A la Consejera y a su jefe Gustavo Petro se les olvida que en Colombia existe una cosa, que poco le gusta a la izquierda radical, que se llama división de poderes. Y que es la esencia de cualquier democracia.

Da la impresión de que Petro y sus súbditos quisieran ‘venezolanizar’ el Estado colombiano para que las decisiones judiciales, legislativas, electorales y de todo orden sean del resorte del Presidente. Aunque de pronto vamos para allá, eso no ocurre aún en Colombia. Por tanto, los únicos que pueden dejar libres a los miembros de la Primera Línea son los jueces. Así al petrismo les parezca que estos personajes son unos mártires.

En el caso de que, tras un proceso formal, la justicia determine que estas personas son inocentes de los delitos que se le imputan, que los dejen en libertad. Pero si se demuestra que son responsables de los incendios, los ataques a la fuerza pública, la destrucción de bienes públicos y privados que se registraron durante esas jornadas, debe caerles todo el peso de la ley.

Si en verdad son demócratas, a Petro y a Posso no les queda otro remedio que acatar el fallo de la justicia. Eso sí, son libres de pagarles los mejores abogados, pero de su bolsillo, porque la plata del Estado no puede despilfarrarse en esas causas.

Habla Gabriela Posso de la necesidad de ‘descriminalizar la protesta’, derecho, que según ella, ha sido estigmatizado por los gobiernos anteriores. Y propone ponerles límites a las autoridades para ‘obligarlas’ a respetar las protestas.

Está muy equivocada la Consejera. Quienes han criminalizado la protesta no son los gobiernos anteriores ni la Fuerza Pública. Los que le han dado esa categoría son los criminales que la usan como pretexto para armar el caos.

El derecho a protestar es tan democrático como la separación de poderes. Siempre y cuando se ejerza de forma pacífica, como lo han sido las marchas que han adelantado, en diferentes sitios del país, los opositores al actual gobierno. Ahí no ha sido necesario recurrir al Esmad ni a ninguna fuerza de choque porque los participantes de esas marchas se han dedicado a protestar y no a armar el caos.

Si en verdad quiere ‘descriminalizar la protesta’, este gobierno lo que debe hacer es ‘blindar’ las marchas contra los terroristas.

Por ello es tan absurdo como antidemocrático el afán de liberar, como sea, a los miembros de la Primera Línea señalados de boicotear las protestas y convertirlas en una guerra campal.

Quizás, si a quienes la justicia halle responsables de haber cometido actos terroristas durante el llamado estallido social, les imponen sanciones ejemplares, los que en el futuro pretendan ‘terrorizar’ las protestas se lo piensen dos veces.

Pero dejarlos libres de buenas a primeras es la mejor incitación a que quienes en el futuro busquen desvirtuar las protestas con actos violentos, procedan a hacerlo. Si no les va a pasar nada, pueden actuar a sus anchas.

Como dijo Winston Churchill, la impunidad de hoy es la puerta para el delito de mañana.