De motos y payasos

Rayos y centellas le han caído al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por insistir en una medida severa para evitar el caos vial, la violencia y el vandalismo que causan miles de moteros disfrazados el día de Halloween en la ‘rodada del terror o del payaso’. Cuatro críticas enarbolan la lista de quienes censuran la decisión y que ameritan un breve análisis para pasar al tema de fondo, la conveniencia del trato especial a los motociclistas.

Se indica que la medida no es efectiva, pues por evitar el caos de los autodenominados ‘Gonobikerreas’ causó uno peor, pues en retaliación los moteros infartaron el sistema de transporte. Agregan que la prohibición del parrillero no sirve para reducir los actos de violencia, que por sancionar a unos pocos se castiga a millones de ciudadanos y que la restricción vial no debió tomarse, pues no se está en capacidad de hacerla cumplir.

En el primer día de su aplicación hubo desmanes propiciados por algunos moteros, pero al momento de escribir parecieran superados y el temor a la represalia violenta no debe ser un argumento válido para abstenerse de tomar medidas de interés público. Con la misma lógica tendrían que cesar las acciones policiales y militares en contra de las organizaciones criminales que suelen ser vengativas. Fomentaría la anarquía social.

Las autoridades indican que la caravana de motociclistas disfrazados en Bogotá, que en 2024 se estimó en 20.000, además de una desmesurada congestión vial, incrementa la accidentalidad y se presta cada día más para la comisión de hechos delictivos. Razón por la cual la Alcaldía Distrital restringió el tránsito de motos en las principales vías y prohibió el parrillero, procedimiento que ha sido efectivo en otras ciudades, empezando por Cali.

Dicho lo anterior, es cierto que por controlar a unos pocos afecta a muchas personas que usan moto en la ciudad. En Colombia de 19 millones de vehículos, 12,4 millones son motos (62 %) y en Bogotá 1,2 millones, cifra elocuente que obliga a pensar en medidas de prevención y control policial focalizadas; dirigidas a quienes causan caos y vandalismo. No por ello -y dados los antecedentes y tratándose de unos pocos días- se le debe rechazar.

Finalmente, les asiste razón a quienes señalan que se trata de una restricción exigente en su aplicación, pues son muchos los corredores viales en los que se les prohibió circular y el número de agentes de tránsito es reducido. Es cierto, además, que los gobiernos son expertos en medidas que no están en capacidad de hacer cumplir lo que deslegitima la ley. No por ello, sin embargo, debe dejar de hacerse y menos en el caso que nos ocupa.

Es de esperar que los usuarios de moto, población creciente, entiendan la decisión del alcalde Galán, que, como otras decisiones controvertidas, está a prueba. Más tratándose de un segmento consentido que no paga peaje, que, dependiendo del cilindraje no paga impuesto de rodamiento, tiene el Soat subsidiado y no le aplica el pico y placa en la capital. Sin recavar en el incumplimiento caótico de las normas de tránsito de parte de muchos motociclistas.

Situación que pone de manifiesto una vez más cuál debe ser el tratamiento de las motos como vehículo particular, sopesando su connotación social en un país con sistemas de transporte masivo de disímil cubrimiento, con el orden y control urgente en su uso. Lo que no puede seguir ocurriendo es que, por ser un medio de transporte popular, todo se le permita, al punto de ser prácticamente intocables por cuenta de la sensibilidad política. De la medida señalada en Bogotá surgirán lecciones. Por lo pronto, respaldo al Alcalde.