La defensa de las instituciones

La idea base de la democracia es el acuerdo social, un acuerdo de voluntades que permite generar consensos sobre lo que se debe hacer y lo que requiere la sociedad para plantear sus transformaciones. Dos de las principales herramientas de la democracia son la representatividad y la autoridad; la primera de ellas permite construir espacios en los que un número pequeño de delegados, representando a una mayoría que los eligió por voto popular, acelera las discusiones y facilita los consensos. La autoridad, como una delegación del poder del pueblo, permite instaurar sanciones y balances para mantener el orden.

Quizá el acuerdo social más significativo que se logró en la historia reciente fue la Asamblea Constituyente de finales del siglo pasado; una transformación de fondo de nuestra norma primaria, la Constitución Política, donde estuvieron representados jóvenes, estudiantes, élites políticas, empresarios, exguerrilleros desmovilizados, académicos y muchas otras fuerzas vivas de la sociedad. Durante los seis meses que duró la Asamblea se impartieron las herramientas de autoridad y representatividad de la sociedad y se generaron transformaciones significativas en nuestra organización central y en la participación ciudadana. Como uno de los grandes logros para el fortalecimiento de la democracia, se dotó a las otras ramas del poder público de herramientas suficientes para contrarrestar la potestad, casi absoluta, del ejecutivo en cabeza del Presidente.

Es en el escenario de dicha Asamblea en donde cobra de nuevo relevancia el Congreso de la República, que hasta la fecha había estado casi que opacado por innumerables declaratorias de Estados de Emergencia, que le permitieron al Presidente producir la mayor cantidad de normas que nos rigieron hasta ese entonces. Se abrieron las puertas del Congreso, para bien o para mal, a todas las personas, reduciendo el número de requisitos que debían tener para poder aspirar a una curul.

Este fue uno de los grandes logros sociales: control y balance de poderes con mayor representatividad de la ciudadanía. Para proteger esto, se le dio poder a la Rama Judicial, iniciando con la creación de la Corte Constitucional, encargada de velar por la protección de esta nueva carta magna, lograda por el acuerdo de todos.

Estas nuevas instituciones han permitido que, desde los 90, se logren las mayores transformaciones sociales de nuestro país a favor de los ciudadanos: crecimiento en cobertura educativa, acceso a agua potable, a la salud, a servicios públicos, a mejor y más infraestructura, mayor competencia de mercado y acceso a bienes. Es dicha transformación positiva en la calidad de vida de los colombianos, lo que nos obliga a proteger las instituciones que con tanto trabajo logramos construir como sociedad.

Sin duda hay miles conflictos que aún nos aquejan y a medida que nos adentramos en la era de la aldea global, aumentan en número y complejidad. Lo anterior no implica desconocer lo que hemos logrado, ni todo en lo que las instituciones nos han ayudado; por el contrario, nos impulsa para acompañarlas y fortalecerlas, buscando garantizar que las conformen los mejores funcionarios y que cuenten con los mejores procesos para asegurar eficiencia, transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

Conozcamos las instituciones, sus funciones, las formas para participar en ellas y acompañar su tarea hacia el desarrollo de nuestra sociedad. De cara a las nuevas reformas que trae el gobierno actual, nuestro deber como ciudadanos es informarnos de cada una de ellas para aportar, con conocimiento, las herramientas necesarias a nuestros representantes para que decidan técnicamente sobre nuestro bienestar.

* Director Ejecutivo Unidad de Acción Vallecaucana