Corte Constitucional

La Constitución de 1991 introdujo importantes innovaciones institucionales y quizás lo más importante fue la de la Corte Constitucional que encontraba un sustento importante, no solo en diferentes propuestas para su creación en distintos momentos de nuestra historia, sino en una tradición que fue reconocida y que un distinguido profesor de derecho constitucional, JAC Grant, en la Universidad de California en Los Ángeles, estudió con especial cuidado.

Me obsequió tres documentos cuando participé en un seminario de un mes por allá en 1960 en esa universidad. Colombia podía mostrar una tradición en la aplicación del procedimiento de control judicial -Judicial Review- que ningún otro país latinoamericano estaba en posibilidad de exhibir.

La Corte Suprema de Justicia había cumplido esa tarea y se recuerdan decisiones suyas de gran envergadura, así fueran controversiales, como la declaración de inconstitucionalidad del Acto Legislativo que le habría permitido al presidente Alfonso López Michelsen, promover una reforma constitucional, tanto del sistema de administración de justicia como de la descentralización en Colombia. Dos temas que todavía siguen pendientes.

Mi nombramiento como consejero presidencial en el último semestre de la Presidencia de López Michelsen, estaba directamente relacionado con la posibilidad, que pocas semanas después se frustró, de contribuir al funcionamiento de una Asamblea Constitucional.

Hace 10 años que el jurista Marino Tadeo Henao publicó un excelente estudio titulado ‘Selección de jueces de altas cortes en el derecho público comparado’, que con frecuencia cito para llamar la atención con respecto al único estudio que se ha realizado sobre esa materia en Colombia y que es, además, un trabajo que desbordaría los requisitos para un doctorado en derecho en cualquier universidad en el mundo. Una excelente bibliografía y un riguroso estudio sobre los Estados Unidos, el Reino Unido, la Europa continental y, claro está, Colombia.

No me sorprende, porque ya estoy acostumbrado a verificar que en los comentarios que se hacen en torno a nuestra Corte Constitucional, no se tome en consideración este erudito estudio y, de esa manera, no se aprecien las virtudes o efectos de nuestro sistema de control constitucional. Y es conveniente decir eso ahora, cuando la elección de un magistrado ha dado lugar, por lo menos, a tres destituciones ministeriales y a una confrontación pública indebida e innecesaria entre el Ejecutivo, el legislativo y el poder judicial.

El diseño de nuestra Corte Constitucional, de la manera como se seleccionan y eligen los nueve magistrados que la componen, su periodo y otras características, ha sido observado por otros países que no logran establecer un sistema parecido, no obstante, esfuerzos significativos en ese sentido. Hoy, por ejemplo, se mira con bastante escepticismo el sistema de escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos que tiene, entre sus funciones, este control constitucional.

Ya el profesor Henao había señalado, hace 10 años, que el prestigio y la admiración que se tenía por esa Corte Suprema, había decaído tanto en los Estados Unidos como en la perspectiva de otros países, y esa corte es objeto de fundadas críticas. El proceso de selección está en tela de juicio.

La Corte Constitucional goza de un apreciable prestigio internacional en América Latina, en Estados Unidos, Europa y otros continentes. Está bien que así sea, pero no está bien que así no se conozca por parte de todo el mundo. El reciente conversatorio constitucional, promovido por la propia Corte, fue un indicador de la veracidad de esta tesis, tanto en el plano internacional como doméstico.