Cabildos ilegítimos

El presidente Petro se quitó la máscara. Sin ocultamientos ni disimulos, dio a conocer su desprecio por la Constitución de 1991 y arremetió contra las instituciones de la República, el Estado de Derecho y la democracia representativa. Incluso, rompió lanzas con el Congreso al proponer una Asamblea Constituyente llamada a prescindir de esa corporación.

Es posible pensar que tras aquellas expresiones altisonantes, el mandatario entendiera o le hicieran entender, que la ley necesaria para convocar la Asamblea tiene trámite dilatado y difícilmente se aprobará por los congresistas a quienes puso contra la pared. En consecuencia, las tan deseadas reformas a través de una Constituyente no alcanzarían a llegar ahora, cuando su gobierno naufraga en la ineficacia y resulta necesario asegurar la continuidad así sea en cuerpo ajeno.

Petro debió corregir la propuesta sobre la Constituyente y adoptar la idea de un ‘Proceso constituyente’, el cual desembocaría en un mandato popular a espaldas del Congreso.

Según sus palabras, la movilización ya empezó porque es al pueblo, de manera directa y sin mayor tramitología, a quien corresponde modificar la norma suprema. Quedamos así notificados de que hemos ingresado al mundo del cambio sin reglas ni talanqueras, la revolución permanente, la democracia agonizante, las masas representadas por un líder iluminado, único capaz de entender e interpretar a la población.

Para darle legitimidad al empeño presidencial de desmontar las instituciones y mantener el proselitismo, se anunció una aplicación acomodaticia de los medios de participación ciudadana previstos en la Carta. De esta manera han buscado que la reforma avance mediante cabildos abiertos y asambleas populares. Según trasciende, hasta cuentan con instructivos elaborados y fondos públicos para facilitar la aventura de imponer la revolución por la puerta de atrás.

Parece que volviéramos a una película conocida porque al acercarse las pasadas elecciones presidenciales, Petro también lanzó una efectiva precampaña pagada por el Estado. El método empleado por entonces fue la consulta interna para la escogencia del candidato de la extrema izquierda, un ejercicio interpartidista al cual no se aplican las restricciones que regulan los procesos electorales abiertos. Como estaba previsto el exalcalde triunfó recibiendo pingües reembolsos, mientras la publicidad y la agitación esparcidas garantizaron la recordación que después lo llevarían a la presidencia.

Los cabildos abiertos anunciados por Petro apuntan a repetir la estratagema. En el marco del ‘proceso constituyente’ propiciado con fondos públicos y las dosis de odio que el personaje destila, se aspira a llenar el país de aquellos colectivos. Tales engendros no pasarán de ser estructuras extralegales de tipo electoral, dedicadas a promover las propuestas e ideología de los gobernantes para asegurar su continuismo.

La falta de legitimidad aludida se evidencia al considerar que los cabildos abiertos son instrumentos de participación ciudadana orientados a solucionar cuestiones territoriales concretas de los niveles departamental, municipal y local. Su funcionamiento con fines distintos es transgresión evidente. Queda la esperanza de que los organismos del Estado de Derecho aún vigentes, puedan evitar este uso provocador e indebido.