¿Viene un nuevo apagón?

En mi familia existía la costumbre de alquilar una casa campestre distinta para cada veraneo. Así fuimos vecinos de poblados y parajes rurales del Valle como La Cumbre, La Ventura, Río Claro, La Elvira y El Carmen. El asunto era divertido: con las vacaciones llegaban horizontes y amigos nuevos.

La euforia veraniega tenía algo sombrío porque en casi todos los sitios rurales del Valle se carecía del servicio eléctrico. Para solucionar la limitación y derrotar las tinieblas nocturnas, nuestra mamá hacía llevar lámparas Coleman, linternas de pilas y docenas de velas. Pero en mi mente de niño asustadizo tales elementos no evitaban la evocación nocturna de espantos y fantasmas.

Por aquellos días a finales de los años cincuenta, el casco urbano de La Cumbre, tenía una condición especial. Había energía, sin embargo, era tan débil que un bombillo no alumbraba más que un candil, los alimentos perecederos tenían que conservarse en neveras de petróleo y el dentista escarbaba muelas valiéndose de una pavorosa fresa a pedal.

Con respecto a Cali se debe decir que la iniciativa privada llevó a instalar la Planta Eléctrica del Río Cali en 1910, pero el crecimiento de la ciudad hizo que el fluido fuera insuficiente. A principios de los años veinte hubo racionamientos residenciales durante el día para hacer posible la operación de las primeras industrias.

Vinieron luego procesos de reorganización del sector eléctrico regional, el cual, con algunas excepciones, pasó a manos de entidades públicas como la CVC y Emcali. Estas hicieron bien la tarea. Se construyeron las centrales del bajo Anchicayá, Termo Yumbo, Calima, Alto Anchicayá y Salvajina. Tales iniciativas incluían estructuras de transmisión, distribución, comercialización y contaron con la disciplina de pago de los usuarios.

A principios de los noventa resultó evidente que el sector eléctrico nacional controlado por el Estado naufragaba; el apagón general y el racionamiento se impusieron. Y es que buena parte de las electrificadoras y generadoras estatales eran víctimas de corrupción, politiquería, deficiencia técnica e incapacidad para invertir, cuestión vinculada a los precios fijados con criterio político. Buscando superar tal situación se dictó la Ley 143 1994, orgánica del sector, el cual fue dotado de institucionalidad sólida capaz de asegura su expansión futura.

El resultado ha sido incuestionable. Más del 95 % de los habitantes urbanos posee hoy servicio eficiente y sostenible prestado por actores privados y públicos, algunos de origen vallecaucano. Es el caso de Emcali que atiende la demanda local, y de Celsia Colombia, con presencia a lo largo de todo el Valle, Tolima, Antioquia y norte del país.

La capacidad eléctrica nacional es la que tiene ahora riesgo de perderse por la intervención ausente de criterios técnicos, con tufillo de populismo, que anuncia el gobierno. Al respecto cabe mencionar la advertencia de la calificadora de riesgos Fitch Ratings: “La falta de un marco regulatorio independiente con un proceso de fijación de tarifas que no siga consideraciones técnicas para remunerar las inversiones de capital, los gastos de administración, operación y mantenimiento y un rendimiento justo del capital podría socavar la confianza de los inversionistas y comprometer la expansión necesaria del sistema, así como la calidad del servicio”.