Anticorrupción sin cantos de sirena

Hoy se conmemora el día internacional de la lucha contra la corrupción. En Colombia, sin embargo, el panorama parece desolador: cuatro de cada cinco personas afirman que la corrupción es el principal problema del país. La indignación llena titulares, pero rara vez se traduce en cambios concretos. Y ahora, a las puertas de un nuevo ciclo electoral, vuelven las promesas grandilocuentes: un candidato ofrece “cero tolerancia con los aparatos criminales de la corrupción”; otro propone “un bloque de búsqueda contra la corrupción”. Son frases eficaces, pero no tocan el fondo del asunto. Si queremos resultados, hay que dejar los atajos retóricos y concentrarse en tres reformas institucionales que reduzcan el espacio para la trampa.

La primera tiene que ver con la inversión pública. Según el FMI, por cada peso invertido por el Estado colombiano, la mitad se pierde en ineficiencias y sobrecostos. El sistema opera sin diagnósticos serios ni seguimiento, permitiendo a los corruptos disfrazar de inversión gastos innecesarios. Los ‘elefantes blancos’ nacen de proyectos diseñados sin datos y sin participación de la comunidad.

La solución es que todo proyecto pase por un único canal público digital, en lugar de negociarse a puerta cerrada entre políticos. Ningún proyecto debería recibir un peso sin haber sido priorizado abiertamente allí, con costos e impactos sobre la mesa. No es inventar un nuevo trámite, es ordenar lo que ya existe y devolver el poder a las comunidades. La segunda reforma es transformar realmente la contratación pública. Hace una década, Colombia inició la implementación del Secop II, una plataforma transaccional que, cuando se usa adecuadamente, permite seguir la ejecución contractual paso a paso en tiempo real. Y aunque abarca casi 90% del gasto, el sistema se burla fácilmente: los contratos del escándalo dela Ungrd nunca fueron publicados. En 2024, el 68 % de la contratación se realizó casi a dedo, por vía directa o regímenes especiales. En salud, una quinta parte de los hospitales públicos ni siquiera publica todos sus procesos de compra y, cuando existen los datos, no sirven para comparar precios. En infraestructura, gran parte recursos se ejecutan mediante convenios interadministrativos, de los que se pierde el rastro una vez se adjudican.

No se trata de cambiar el Secop, sino de blindarlo: que toda compra pase por un único canal donde contrato no publicado sea inválido. A la par, urge simplificar un Estatuto que hoy beneficia a los poderosos y mejor conectados. Reglas de juego simples son más efectivas que las cuotas para lograr que las pymes entren al mercado y limitan el clientelismo.

Finalmente, la lucha anticorrupción no es exclusiva de los órganos de control; requiere ojos ciudadanos. Un caso reciente lo demuestra: organizaciones civiles alertaron a alcaldes sobre sus financiadores electorales, copiando a la Procuraduría para garantizar vigilancia real. ¿El efecto? Una caída del 38 % en los contratos adjudicados a esos financiadores.

Asimismo, la corrupción dejará de ser un negocio seguro cuando existan sistemas permanentes de monitoreo que movilicen al sector privado. En Colombia se firman cerca de un millón de contratos al año: nunca habrá suficientes veedurías ni órganos de control para revisarlos uno por uno. La experiencia de países que van desde Ucrania hasta Paraguay muestra que, cuando las empresas pueden seguir los procesos, comparar precios y reportar irregularidades en plataformas abiertas, dejan de ser espectadoras y ayudan a obligar a las entidades a responder.

Estos cambios requieren tiempo, pero son los que marcan la diferencia entre un país resignado al cinismo y uno que toma en serio la democracia. Como señala el Nobel de Economía, Daron Acemoglu, las democracias no sobreviven cuando la corrupción se vuelve parte del paisaje. Cuando la gente siente que “todo está amarrado”, deja de confiar, de votar y de participar. Abrir la planeación, transparentar la contratación y construir vigilancia compartida son los pasos para evitar ese colapso.