Desconcierto y dudas

No paran los escándalos de sobornos originados por la firma Odebrecht del Brasil. Ahora se encuentran involucrados el Fiscal y el Grupo Aval, a través de su filial Corficolombiana. El fiscal se ha declarado impedido, por obvias razones, para intervenir en este caso y ha solicitado a la Corte Suprema que designe un fiscal ‘ad hoc’ para que investigue. Lo triste del caso, lo cual hirió profundamente el alma colombiana, es que dos inocentes compatriotas mueren, con diferencia de pocos días, Jorge Enrique Pizano, exauditor de Corficolombiana y quien destapó el escándalo, a causa de un infarto, según afirmación de la medicina forense, y su hijo Alejandro, que vino a su funeral, falleció envenenado.

En el 2015 Jorge Enrique llamó a su amigo Néstor Humberto Martínez, en ese entonces abogado del Grupo Aval, para informarlo de las irregularidades por él detectadas en el manejo de los fondos destinados a la financiación de la obra denominada Ruta del Sol II. Se sospechaba, con evidencias, que se trataba de sobornos, según lo sugirió Néstor Humberto en la grabación en poder de Jorge Enrique, quien prometió sacarla a la luz pública, cuando pudiera exiliarse con su familia en los Estados Unidos, donde vivía su hijo, o cuando falleciera. Por esta razón se tardó tres años en conocerse el dialogo entre el auditor y el abogado, que tantas luces ha suministrado para evidenciar la magnitud de los escandalosos hechos de corrupción. Francamente producen decepción y desconcierto.

Mientras tanto hay otras víctimas inocentes que están sufriendo las consecuencias. Los contribuyentes que pagaron el mayor valor de la obra. Los accionistas de Corficolombiana y firmas relacionas con el Grupo Aval, que ven menguadas sus inversiones. Luis Fernando Andrade, chivo expiatorio, a quien conozco desde hace no pocos años, por lo cual puedo dar fe de la rectitud en sus actuaciones, se encuentra preso por la justicia colombiana en su casa. Me imagino que debe estar profundamente arrepentido de haber aceptado un cargo público. Sus ejecutorias como socio principal de McKinsey en Colombia, firma internacional de enorme prestigio, fueron muy exitosas y sin duda le produjeron muchas satisfacciones. Se encuentra actualmente atemorizado por lo que le ocurrió a la familia Pizano y otros hechos sospechosos.

Estos acontecimientos lesionan nuestra democracia, puesto que desacreditan el sistema, pero gracias a nuestra institucionalidad existe precisamente la libertad de opinión y estos sucesos se ventilan públicamente, y si se aclaran y se juzgan oportunamente, renacerá la confianza. Dependemos de la capacidad investigativa y de la actuación de la Justicia. En Venezuela, nuestro vecino, en donde también existieron jugosos sobornos, según testimonios de funcionarios de Odebrecht, todo se calla, todo se oculta.

El abogado del Grupo Aval en el 2015, quien se desempeña ahora como Fiscal General de la Nación, recientemente dio declaraciones a los medios defendiendo jurídicamente sus actuaciones, pero subsisten dudas. ¿Por qué si juzgó las irregularidades documentadas por su amigo Jorge Enrique como sobornos, no le aconsejó a su cliente informar a las autoridades correspondientes? Ante la opinión pública ha perdido la confianza. ¿No sería mejor para él y para el país que defendiese sus actuaciones como un simple ciudadano?
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