Protesta en contra de Ortega, en Nicaragua, no se dio por ser "ilegal"

Una movilización programada para este domingo contra el presidente Daniel Ortega en la capital de Nicaragua fue suspendida debido a la presencia de la Policía, que ha calificado de "ilegales" esas protestas, informaron los manifestantes.

Más de un centenar de camionetas con agentes de la Policía y grupos oficialistas se ubicaron con anticipación en el punto de concentración de la protesta, en el oriente de Managua, para disuadir a los manifestantes, quienes decidieron suspender la actividad por razones de seguridad, según informaron.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos y más de 300 "presos políticos", según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

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Los manifestantes se habían citado en la mañana de este domingo para una nueva protesta en las inmediaciones del Mercado Iván Montenegro, en el este de Managua.

El viernes pasado la Policía local calificó de "ilegales" las manifestaciones contra Ortega, lo que fue criticado por organismos defensores de derechos humanos, que recordaron que la Constitución de Nicaragua establece que las protestas son legítimas y no necesitan permiso de las autoridades.

Conforme con esa advertencia, la Policía detuvo hoy a Miriam del Socorro Matus, conocida como "La Coquito", de casi 80 años y quien en mayo pasado pidió el cese de las muertes en las protestas.

Tras la detención de "La Coquito" y otras dos mujeres que pretendían participar en la manifestación de hoy, grupos afines al Gobierno se establecieron en el lugar con banderas del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y música en alto volumen para resaltar la figura de Ortega, en compañía de los policías.

La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Ortega por "más de 300 muertos" en el marco de las protestas, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega rechaza todos los señalamientos e insiste en que se trata de un intento de "golpe de Estado".

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.