Aprueban en China la relajación de la política del hijo único

Según la resolución, aprobada por la Asamblea Nacional Popular, las parejas urbanas en las que uno de los cónyuges sea hijo único podrán tener un segundo hijo.

La Asamblea Nacional Popular (ANP), el principal órgano legislativo chino, aprobó la resolución que relaja la controvertida política del hijo único y autorizará a más parejas del país a tener un segundo descendiente.Mediante la reforma legal, las parejas urbanas en las que uno de los cónyuges sea hijo único podrán tener un segundo vástago (antes esto sólo se permitía si ni la madre ni el padre tenían hermanos).La resolución establece que ahora está en manos de las asambleas provinciales chinas la puesta en práctica de la política, ya que ésta varía según cada división administrativa.El parlamento de Pekín, por ejemplo, ya ha empezado a debatir las reformas legales para poner en marcha la relajación, y calcula que en la capital ésta se pondrá en vigor hacia marzo de 2014, fecha en la que otras zonas más desarrolladas del país podrían adoptarla también.Autoridades sanitarias y de planificación chinas calculan que esta reforma hará que nazcan dos millones de niños chinos más cada año, aumentando de siete a nueve millones la cifra total de nacimientos por año.La política del hijo único se inició a finales de los 70 y principios de los 80 para frenar la superpoblación, pero en los últimos años expertos y legisladores chinos han abogado por su relajación, debido a problemas derivados de ella como el rápido envejecimiento poblacional o la falta de mano de obra en zonas industriales como Cantón o el delta del Yangtsé.El régimen comunista argumenta que si la política del hijo único no se hubiera aplicado actualmente el país acusaría mayores problemas de superpoblación, pues tendría 1.700 millones de habitantes, en lugar de los 1.300 millones actuales.Sin embargo, ha tenido igualmente efectos negativos para el país, como el mencionado envejecimiento de la pirámide demográfica, los abortos selectivos o los abandonos de niñas en áreas rurales.Se espera que el país llegue a su pico de población en unas dos décadas y que antes de esto la India, que no impone medidas de control demográfico tan drásticas, le supere como el Estado más poblado del mundo. El Legislativo chino aprueba la abolición de los campos de reeducaciónLa Asamblea Nacional Popular (ANP) también aprobó la abolición de los campos de reeducación mediante el trabajo ("laojiao"), un sistema de castigo creado por el maoísmo que durante décadas ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos.Al término de su sesión bimensual, la ANP ha especificado que, una vez promulgada la resolución, aquellos que cumplen pena en estos centros serán libres, aunque también subraya que los castigos que fueron impuestos antes de la abolición son válidos.Creado en 1955, durante los primeros años del régimen comunista fundado por Mao Zedong, el sistema de campos de reeducación sirvió para privar de libertad tanto a intelectuales (en las campañas contra "derechistas" de 1957) como a muchos de los estudiantes que participaron en las protestas de Tiananmen de 1989.El hecho de que ciudadanos chinos puedan ser enviados a ellos sin necesidad de sentencia judicial provocó que se utilizaran para castigar sujetos "incómodos" para el régimen, desde disidentes a miembros del movimiento espiritual Falun Gong, prohibido por Pekín en 1999, o padres que violaron la política del hijo único (que precisamente también fue relajada por el Legislativo).En años recientes hasta 300.000 personas pudieron ser confinadas a estos centros, muchos de ellos situados en emplazamientos secretos y que según ONGs pro derechos humanos violaban la Convención Internacional de Derechos Políticos y Civiles, que prohíbe los trabajos forzados y fue firmada por el Gobierno chino en 1998.La abolición de los "liaojiao", que ya había sido anunciada por el Partido Comunista de China a mediados del pasado noviembre, tras un importante plenario de la cúpula que controla el régimen, es recibida con esperanza pero también con cautela por organizaciones internacionales de derechos humanos.Amnistía Internacional, con una larga historia de críticas a estos centros de castigo, teme por ejemplo que tras la reforma sólo cambie la apariencia de estos campos y se mantengan las represalias sin sentencia judicial o los trabajos forzados contra disidentes o activistas sociales.