Zona Diamante
La Procuraduría General de la Nación hizo un fuerte cuestionamiento al señalar que hubo varias irregularidades en la liberación de dos jóvenes de ‘primera línea’, designados como voceros de paz.
Según el procurador delegado con funciones mixtas en Asuntos Penales, Jairo Ignacio Acosta, es deber constitucional de los jueces citar a la Procuraduría cuando se gestionen trámites judiciales, en este caso el Ministerio Público nunca fue notificado.
Igualmente, el procurador delegado aseguró que no había competencia para emitir las órdenes de libertad y calificó la decisión como “de escritorio” y destacó que "no hubo audiencia".
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“No hay una competencia para poder emitir estas órdenes (de liberación), motivación, pero además no se da la suficiente publicidad para estos actos porque se hizo a puerta cerrada, ni se le dijo a la Procuraduría”, cuestionó el funcionario en diálogo con Blu.
“Sabemos de esta decisión porque vamos a la cárcel cuando se produce la liberación y le pedimos a la misma cárcel que nos dé la copia del acto de liberación”, agregó Acosta.
Cabe recordar que la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao de Bogotá, Lilyan Jhohana Bastidas Huertas, fue quien expidió la orden de libertad de los jóvenes Santiago Márquez y Adriana Bermeo y, según el Ministerio Público, este trámite debía estar en manos de un juez de control de garantías.
Para la Procuraduría, “esta funcionaria no tenía competencia para emitir estas órdenes, por razones de publicidad y control, y por razones de legalidad e interpretación en términos legales y constitucionales”.
