Lo último: anuncian operativos anti extorsión en diez cárceles del país

La estrategia con la que el Gobierno Nacional pretende prevenir los casos de extorsión que se vienen cometiendo desde las cárceles, luchar contra la corrupción y mantener el control y la seguridad dentro de los penales del país entró en su segunda fase.

Así lo anunció el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, Inpec, coronel de la Policía Daniel Fernando Gutiérrez, quien indicó que el objetivo “es que este plan se focalice en diez centros penitenciarios del país y se hagan operativos de control y registro de manera aleatoria”.

Y agregó que el año pasado hubo más de 100 intervenciones en el marco de esta, la ‘Operación Dominó’, “y este año queremos duplicar esa cifra”, señaló el funcionario.

Según las cifras que entregó, mediante la acción conjunta con la guardia penitenciaria, el Grupo de Acción Unificada contra la Extorsión y el Secuestro (Gaula) de la Policía ha incautado 2430 celulares y 10.158 accesorios en siete centros penitenciarios y carcelarios del territorio nacional y han aperturado 332 procesos penales y disciplinarios en contra de funcionarios del Inpec por ingreso de celulares, SIM cards y otros elementos.

“Lo que buscamos es que, semanalmente, haya controles por parte de la guardia del Inpec y que, en coordinación con el Gaula, al menos quincenalmente haya un control aleatorio y focalizado en los centros penitenciarios”, dijo el coronel Gutiérrez.

También señaló que las acciones llevados a cabo en esos penales han permitido iniciar la indagación previa en otros 286 casos y que 46 más entraron a investigación disciplinaria y que las autoridades identificaron a 29 personas señaladas de cometer, al parecer de manera permanente, el presunto delito de extorsión, a partir de información suministrada por el Gaula.

“Los controles implementados han permitido el traslado de varios de los implicados a cárceles de alta seguridad, lo mismo que la puesta en marcha de operativos constantes, celdas unipersonales y comunicaciones controladas debidamente vigiladas”, señaló en un comunicado emitido por la Presidencia de la República.

Allí se establece igualmente que se avanzó en la identificación de personal del Inpec que permite el ingreso de equipos móviles y esta información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación “para contrarrestar los hechos de corrupción en el sistema penitenciario”.

De acuerdo con ese reporte, en el 2023 hubo 23 denuncias penales contra funcionarios del Inpec por prevaricato por omisión, 2 por prevaricato por acción y 71 por abuso de autoridad, las cuales se relacionan con hechos de corrupción de ingresos de celulares y otros.

Dentro de las medidas tomadas, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) pidió delimitar el rol de los operadores de telefonía celular en torno al apoyo en la eliminación o restricción de las señales de comunicación en cárceles.

Al respecto, el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Inpec, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones están trabajando en un cambio tecnológico que permita la inhibición de señal para garantizar que en los centros penitenciarios no haya posibilidad de comunicación a través por celular, se manifestó.