Procuraduría abrió investigación contra el Hospital Divino Niño de Buga

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Procuraduría abrió investigación contra el Hospital Divino Niño de Buga

Julio 22, 2020 - 07:16 a. m. Por:
Redacción de El País - Tuluá

El Procurador alertó a gobernadores, alcaldes y ordenadores del gasto de entidades públicas descentralizadas, sobre la inhabilidad de contratar con financiadores de campañas políticas cuyo aporte supere el tope del 2 %.

Foto: Especial para El País

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el Hospital Divino Niño de Buga, por la presunta violación del régimen de inhabilidades, al suscribir contratos con personas que financiaron la campaña del alcalde de la ciudad, Julián Adolfo Rojas.

De acuerdo con el Ministerio Público, la entidad de salud municipal suscribió cuatro contratos con la empresa Orthox Servicios Médicos, por $689 millones, que habría hecho aportes económicos en la pasada campaña a la Alcaldía de Buga y que se constituye como una irregularidad.

De acuerdo con la Directiva 024 emitida por el ente de control, “los mandatarios que celebraron contratos con personas naturales o jurídicas que estaban inhabilitadas serán objeto de investigación y deberían darlos por terminados mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentren”.

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Esto hace parte de una serie de investigaciones que la Procuraduría adelanta contra tres gobernaciones y 15 alcaldías del país en donde los actuales mandatarios entregaron a 18 financiadores de sus campañas políticas, contratos por cerca de $6.000 millones, pese a estar inhabilitados por hacer aportes superiores al 2% del tope establecido.

El procurador, Fernando Carrillo, alertó a los gobernadores, alcaldes y ordenadores del gasto de entidades públicas descentralizadas sobre la inhabilidad de contratar con financiadores de campañas políticas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 33 de la Ley 1778 de 2016.

Según la norma, estos funcionarios, no pueden celebrar contratos con personas naturales o jurídicas que financiaron sus campañas políticas, si sus aportes fueron superiores al dos por ciento de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción, según lo determinado por el Consejo Nacional Electoral.

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