La historia truculenta del Parador de Buga

Una red criminal, integrada por abogados y funcionarios públicos, estaría tras los más de $15.000 millones que el Gobierno Nacional debe desembolsar por la expropiación de ese establecimiento turístico.

Casi ad portas de que el Gobierno Nacional desembolsara más de $15.000 millones por la expropiación del complejo turístico Parador de Buga, para dar continuidad al proyecto de la Malla Vial del Valle del Cauca, la Fiscalía acaba de revelar una oscura trama cuyos ingredientes son el asesinato de un hombre, el desplazamiento forzoso de una familia, los nexos con una banda sicarial, la detención de dos hermanos y la posible corrupción de servidores de la Rama Judicial. Hace diez días el CTI de Cundinamarca capturó en Argelia, Valle, a la jueza Promiscuo de ese municipio Miryam Henao, quien haría parte de "una red criminal de funcionarios públicos y abogados", según lo señaló el Fiscal Primero de Cundinamarca, Ángel Manuel Castillo. La captura de la juez es sólo el más reciente episodio de un caso que involucra a los hermanos Carlos Andrés Grajales Gamba y Jairo Grajales Ospina, hoy detenidos en la cárcel de Buga. Ambos son hijos extramatrimoniales del empresario Ángel Jaime Grajales Santa, dueño del Parador de Buga, y están acusados de haberse apoderado de manera ilegal de ese establecimiento público. Según la investigación, los hermanos se aprovecharon de que su padre sufre del mal de Alzheimer para falsificar poderes, supuestamente firmados por su progenitor, que les acreditaban como propietarios del afamado negocio.El objetivo era recibir $11.000 millones de los $15.000 millones que tendría que girar el Instituto Nacional de Concesiones, Inco, por orden judicial de la jueza Segundo Civil del Circuito Norela Acosta Tenorio, para compensar la expropiación del predio. Según el Fiscal Ángel Manuel Castillo, para lograr dicho fin los dos hermanos se habrían aliado con funcionarios de ese despacho y con la jueza Miryam Mejía. Sin embargo, el 21 de septiembre pasado el Fiscal solicitó la suspensión del pago que debía hacer el Inco, “toda vez que estaban siendo investigados en el proceso”. “Ese día iba a quedar ejecutoriado el pago de $11.000 millones. Al parecer estaban desesperados para que ese auto quedara ejecutoriado”, añadió el Fiscal.“Carlos Andrés y Jairo no están actuando sólos sino detrás de un grupo de personas que componen la empresa criminal. En esa red pueden estar funcionarios públicos”, sostiene el Fiscal.En la audiencia de legalización de captura de los dos hermanos, ante el juez Cuarto Penal con Funciones de Control de Garantías de Buga, Eber Armando Guzmán, el Fiscal reveló pruebas en tal sentido.Según interceptaciones telefónicas, una funcionaria del juzgado le daba cuentas a Carlos Andrés Grajales sobre los tramites e incluso los movimientos de la investigación que realizaba la Fiscalía. En las grabaciones se escucha cuando la mencionada funcionaria le manifiesta a Carlos Andrés Grajales que "aliste la lechona para celebrar". La Fiscalía también posee testimonios de testigos que sostienen que Carlos Andrés Grajales se reunió en varias ocasiones con hombres que harían parte de la banda sicarial 'La 19', organización criminal que opera en el centro del Valle al servicio de narcotraficantes.El Fiscal recordó que en el 2006 Carlos Andrés Grajales, quien estuvo ilegalmente en Estados Unidos y fue arrestado por narcotráfico, regresó a Buga, donde pidió trabajo como conductor de su padre. Según la investigación de la Fiscalía, Carlos Andrés “se volvió insoportable y quería tomar las riendas del negocio", por lo que habría intentado hacer una alianza con Jaime Grajales, otro hijo del fundador y propietario del Parador de Buga.Jaime Grajales hijo fue asesinado el 31 de mayo de 2008. Según la Fiscalía, días antes de morir había denunciado las oscuras intenciones de Carlos Andrés Grajales y la presunta colaboración de funcionarios judiciales con su empresa criminal.El País conoció que varios miembros de la familia Grajales, entre ellos la esposa de Ángel Jaime Grajales, se vieron forzados a salir de Buga después de este crimen, pues también fueron objeto de amenazas e intimidaciones.La imposibilidad de negociar el Parador de Buga, famoso por ser durante años un lugar de tránsito del turismo en el centro del Valle, fue una de las causas del retraso que sufrieron las obras de la Malla Vial del Valle del Cauca.