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Fernando Carrillo, procurador general de la Nación. | Foto: Colprensa

CORRUPCIÓN

Investigan irregularidad en contratos para atender emergencia sanitaria por Covid en ocho regiones

Así lo informó el procurador general Fernando Carrillo, este miércoles. El funcionario entregó algunos detalles y calificó los hechos como "una infamia".

8 de abril de 2020 Por: Colprensa

Por presunta irregularidad en la suscripción de contratos relacionados con la emergencia social, cconómica y ecológica que generó la pandemia del Covid-19 en Colombia, el procurador Fernando Carrillo Flórez anunció la apertura de diez procesos disciplinarios a funcionarios en ocho departamentos.

“Es inaudito y una infamia. Además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en botín de la corrupción”, aseveró este miércoles.

Y argumentó que a través del programa 'Transparencia', la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General, vigilarán la ejecución de contratos, que para el caso de la vigilancia del Ministerio Público son 2017.

Según explicó Carrillo, la cifra corresponde a documentos firmados desde el 20 de marzo y que superan los $800 mil millones. Estos se suman a los de la Contraloría, por recursos del orden de $80 mil millones.

“Estamos abriendo diez procesos en ocho departamentos por los presuntos abusos que se estarían cometiendo a nivel de sobrecostos. Eso hay que pararlo y habrá sanciones”, señaló.

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Las investigaciones

En el Meta se investiga la contratación de los municipios de Acacias por $1125 millones y Puerto Gaitán, por $1000 millones.

En Atlántico el contrato con Trading Group International S.A.S., por $19.319'479.750, departamento donde también se investiga la compra de mercados en los municipios de Soledad, por $2100 millones, y Malambo por $4000 millones.

“En Cesar se investigan presuntos sobrecostos de más del 50 % en 29 contratos, que no están publicados en el Secop, por más de $13.000 millones para la compra de 100 mil mercados, que comparados por un veedor ciudadano en grandes superficies habrían costado solo la mitad de lo que le están cobrando a la Gobernación”, explican en la investigación.

En Arauca también se investiga el valor pagado por productos de la canasta familiar, como atún a $19 mil pesos o bolsas de leche a $13 mil, en un contrato por $4.463'739.189 con Multiservicios Mael S.A.S. Zomac.

En Cúcuta, el contrato de edición de una obra digital, por $58 millones, con la historia del Hospital Erasmo Meoz, “cuando lo que se requiere son los recursos de la salud para ver de qué manera podemos enfrentar esta pandemia”.

En Cundinamarca se abrieron procesos por las denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación sobre presuntos sobrecostos en la compra de mercados por parte de las administraciones de La Palma y Guaduas, caso que también fue denunciado ante la Fiscalía General.

También figura en el departamento de San Andrés un contrato por $500 millones con la firma Noel Foto S.A.S., para “la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del Covid-19, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país”.

“Están utilizando estos recursos para los más vulnerables, los pobres y los menos favorecidos para hacer política en las regiones. Los señores diputados y concejales no tienen nada que hacer en la entrega de estas ayudas”, argumentó Carrillo Flórez.

Sostuvo que los hallazgos penales que hagan la Contraloría y la Procuraduría serán trasladados a la Fiscalía, porque reiteró que “robarse los recursos de los pobres es un delito”.

“De parte de la Procuraduría vendrán las suspensiones de los contratos, las suspensiones de los funcionarios que han estado involucrados en estas vagabunderías, que no tienen escrúpulos en quedarse con la plata de los más pobres".

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