Gobernador de Nariño, Luis Escobar, continúa con su apuesta por la paz a pesar de plan para matarlo: “No vamos a echar para atrás”

Luis Alfonso Escobar, el gobernador de Nariño, habló con El País sobre un delicado momento que atraviesa actualmente: las autoridades alertaron que existe un plan para atentar contra su vida. El mandatario reflexionó sobre el temor, su fe y sus responsabilidades aún en medio de la incertidumbre.

A pesar de las intimidaciones, defendió los resultados de su gestión, destacando la disminución en las cifras de homicidio y otros delitos de alto impacto, así como los avances en el programa de sustitución de cultivos ilícitos.

Gobernador, las autoridades judiciales alertaron recientemente sobre un plan para atentar contra su vida. ¿Qué fue lo primero que cruzó por su mente al enterarse?

Muy consternado y presionado porque nosotros estamos trabajando por la paz de este departamento, en consonancia con la política de paz del Gobierno Nacional y mostrando unos resultados.

Los primeros mejores resultados en materia de disminución de la criminalidad y del conflicto en Colombia, si se quiere, en términos de reducción de asesinatos, reducción de desplazamientos, confinamiento, el reclutamiento de niños y niñas, hasta el punto de que en dos años hemos bajado en más de 10 puntos en el índice de asesinatos por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio nacional.

Esto muestra que Nariño avanza no solo en seguridad y paz, sino también en el desarrollo económico. Estamos haciendo las cosas bien, y no sé a quién no le guste que avancemos en los temas de la paz en el país.

¿Cómo ha cambiado su vida cotidiana desde que se enteró de este plan y que su integridad podría estar en riesgo?

Lo que me recomiendan es tener mucho cuidado en mis desplazamientos, reforzar las medidas de seguridad y, por supuesto, tener la fe en Dios de que mis movimientos deben ser muy resguardados; eso es lo que he tratado de hacer mientras que las autoridades investigan los orígenes detallados, como lo están haciendo y de dónde vienen estas amenazas.

¿Qué mensaje quisiera enviarle a su familia sobre su vocación pública y los riesgos que puede traer?

Yo creo que mucha tranquilidad, porque los funcionarios públicos tenemos que tomar decisiones como las que toma un gobernador o un presidente y estamos expuestos, y esa exposición precisamente nos hace sujetos de protección de las autoridades, pero la mayor protección que nosotros tenemos es la de Dios y lo que tratamos es de que nuestras familias, y eso debe hacerlo uno, no conozcan en realidad las situaciones que nos toca sortear en este ejercicio del poder para servir y, por supuesto, los riesgos de este cargo.

En medio de esta situación, ¿qué lo sigue motivando a continuar con sus responsabilidades en Nariño?

La paz, sin duda. Ese debe ser el principio de todo líder social, de todo líder político: garantizar la vida. No es solo garantizar que les llegue un plato de comida a todos los colombianos y que todos lo vivamos de manera digna, sino que la mayor dignidad es que no nos maten en la calle, que no nos maten como parte de ese escenario del conflicto y debemos doblar la página.

Lo dice el papa León XIV, que debemos aspirar a tener una paz desarmada, desarmante y perseverar en ello, pero además también un clamor de que la guerra no es santa y debemos procurar por la santidad de la paz, que es allí donde encontramos una sociedad justa por la vida.

¿Ha sentido miedo durante este periodo?

Más que miedo, lo que me suscita es la impresión de pensar que alguien, no sé por qué razón, tenga que pensarse siquiera en atentar contra la vida de alguien que le está sirviendo al departamento, que le está sirviendo al país, pero en esto hay intereses que seguramente se tocan, que pueden ser contrarios a los intereses de la mayoría, pero vamos a seguir trabajando de manera incansable por la paz; no hay posibilidad de que echemos para atrás.

Estamos haciendo toda la investigación y la competencia para seguir adelante en esta tarea que nos ha permitido reducir de 450 muertos al año que había en el 2023, a cerca de 250 en el 2025, y estamos convencidos de que vamos a seguir reduciendo la máquina de muertes en este departamento que llevaba más de 35 años en un conflicto en donde han asesinado a más de 4.500 nariñenses, y creo que en eso debemos decir basta ya. Estamos trabajando para que esas muertes se paren y creo que lo estamos logrando, y por eso nuestra insistencia en la paz territorial que transforma los territorios.

¿Cree que estas amenazas están vinculadas al proceso de paz territorial? ¿De qué manera ese proceso puede generar resistencia entre ciertos actores?

Hay muchos intereses. Avanzamos en un modelo de sustitución de cultivos de uso ilícito que venimos trabajando con el presidente Gustavo Petro, como una doctrina distinta a la internacional que impera sobre la muerte en la lucha contra las drogas, sino que buscamos la doctrina de respeto al campesino y permitirle alternativas al cultivo de hoja de coca, y estamos en Nariño en el proceso de sustitución de 20.000 hectáreas de coca, pero también de formalizar la minería ilegal para que sea una minería responsable ambiental y socialmente, que le sirvan sus tributos y las rentas al departamento para la inversión y las transformaciones territoriales.

Sin duda, esperamos que las autoridades encuentren, como lo están haciendo, los nexos que han detectado estos posibles atentados contra mí y espero que las autoridades prontamente puedan dar con los resultados y tomen las medidas que nos permitan tener la tranquilidad del ejercicio de trabajo que tenemos.

La sustitución de más de 20.000 hectáreas de cultivos ilícitos es un avance importante, ¿cómo mide su impacto en la seguridad y economía de Nariño?

Lo más importante es que estamos transformando el campo; estamos haciendo que a los campesinos y a los agricultores rurales les lleguen las vías, las universidades en las regiones, puedan hacer emprendimientos no solo de la producción primaria, sino que ahora habría la producción de arroz, pero también el trillado de arroz; la siembra de plátano, pero también la harina de plátano, para que se pueda dar su venta al ICBF.

La gente está inspirada en las zonas en donde ha habido coca porque ve que el gobierno departamental está llegando junto con el Gobierno Nacional de manera articulada; por ejemplo, en Maguí Payán, en Barbacoas, en Roberto Payán, está llegando un aeropuerto, está llegando la universidad, está llegando el hospital, los acueductos, vías de altísima necesidad como puentes que comunican a Barbacoas con Maguí.

La gente, como ve que esto se está dando, dice: ‘Está llegando la legalidad para poder hacer que los cultivos que antes eran ilícitos, ahora sean lícitos y podamos tramitarlos en el mercado’. Esa es la satisfacción que nos da, que estamos avanzando con cierta celeridad en las transformaciones territoriales, en los territorios donde antes se han jugado las economías ilegales y los conflictos.

¿Qué apoyos espera recibir Nariño del Gobierno Nacional y de la comunidad internacional para fortalecer la seguridad y el orden público?

El orden público lo hemos venido trabajando desde la perspectiva de la seguridad humana con el Ejército, con la Policía, con los organismos judiciales y de inteligencia, y creo que en el caso de Nariño ha habido un buen juicio en eso. Hoy precisamente decíamos en un Consejo de Seguridad, donde hicimos el balance del 2025, y fue muy positivo en la reducción de todo tipo de delitos en el departamento de Nariño y en especial una reducción del 28 % de los homicidios, que sumado al 27 % del año anterior ya es un 55 % de reducción de homicidios en los dos años que hemos tenido, y eso es muy satisfactorio.

¿Qué medidas está impulsando para generar oportunidades económicas formales, especialmente para jóvenes y zonas rurales?

Hay muchos programas muy importantes para garantizar la transitabilidad de los campesinos en las zonas más alejadas; por ejemplo, en las veredas hemos implementado un programa de Huellas para la Paz, donde hacemos convenios con la Junta de Acción Comunal, más de 170 en el departamento, que con los recursos que les entregamos han realizado más de 200 metros de placahuella y avanzan.

Hemos hecho una inversión por más de $2000 millones para los emprendimientos juveniles, beneficiando a más de 728 jóvenes en todo el departamento, haciendo a través de la Gobernación una serie de inversiones para que quienes participaron en la convocatoria puedan desarrollar algunas inversiones que hagan más productivos los negocios.

Lo mismo lo estamos haciendo con mujeres y, además, estrategias como la de Credit Paz, en la que hemos puesto créditos subsidiados a los jóvenes y a toda la población para combatir el gota a gota.

Son créditos desde $1.000.000 hasta $8.500.000 con tasa de interés al 0 %, porque asumimos nosotros como gobierno departamental el costo de la tasa de interés y una garantía de cerca del 70 %.

Eso significa que, combinado con otras estrategias de inversión pública, nos están dando la garantía de que cada vez más jóvenes tendrán acceso no solo al empleo, sino al emprendimiento para el desarrollo de sus ideas y de sus proyectos.

Usted ha respaldado la Emergencia Económica decretada por el Gobierno Nacional, pero también habló sobre el impacto del impuesto al tabaco y los licores en las rentas departamentales…

Estamos convencidos de que el ordenamiento constitucional le permite al presidente Gustavo Petro establecer las medidas económicas excepcionales para garantizar, por la vía de emergencia económica, la estabilidad económica del país, que, dado que el Congreso no aprobó las reformas tributarias, se ve obligado a generar esa emergencia económica, y la única instancia que puede declararla y no la excedibilidad de esa medida es la Corte Constitucional.

Por lo tanto, como gobernador me ratifico en que la orientación o la discusión que se llevó en la Asociación de Departamentos no era sobre la conveniencia o no de la emergencia económica, sino la conveniencia de un decreto de esa emergencia que discutimos los gobernadores y que buscamos un diálogo con el Gobierno Nacional porque efectivamente, bajo nuestra interpretación, va a lesionar los ingresos o las rentas del departamento, pues un incremento del impuesto al alcohol del 5 % al 19 % puede impactar de manera diferenciada en los departamentos y puede hacer que en Nariño se vean afectados los ingresos del presupuesto de 2026 que tenemos para la salud, la educación, el deporte y por supuesto algún otro de libre destinación que pueden afectar inclusive hasta la nómina del departamento.

De cara a este 2026, ¿cuáles serán sus prioridades en términos de indicadores de seguridad y de bienestar? ¿Qué espera dejar como legado en Nariño?

El legado, sin lugar a dudas, es un territorio que camina y enseña a este país cómo construir la paz desde los territorios, entendiendo que la única forma de avanzar hacia la paz es transformando los territorios, pero también en donde hay factores como el conflicto, poder hacer ejercicio donde sea la comunidad la protagonista de los diálogos que, junto con el Gobierno Nacional y los actores al lado, podamos avanzar dialogando, negociando, pero a la vez implementando para generar la confianza en las comunidades, en un Estado que conversa, pero también genera las capacidades de seguridad.

Creo que a Luis Alfonso Escobar, como gobernador; espero que me reconozcan por mi altísima insistencia por la paz cuando nadie habla de paz y solo se habla de seguridad. Nosotros estamos planteando en el país una salida de cómo en esta realidad se puede construir la paz desde los territorios.