Fiscalía pedirá cárcel para seis exfuncionarios de hospital de Palmira

Seis exfuncionarios del Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira fueron capturados por presuntas irregularidades en diez contratos suscritos durante los años 2012 y 2013 por una cuantía de $327.282.488 millones.

Funcionarios de la Fiscalía y el CTI llevaron a cabo seis diligencias de allanamiento y registro en la 'Villa de las Palmas' y una más en la capital vallecaucana. La Fiscalía 76 Seccional de Cali expidió nueve órdenes de captura, se hicieron efectivas seis. 

El caso involucraría a un concejal activo y contra quien cursa una investigación por este caso.

Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.

El Juez 29 de Control de Garantías de Cali legalizó la captura de los exfuncionarios del hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira y en las próximas horas la Fiscalía hará la imputación formal de los cargos y pedirá medida de aseguramiento contra los indiciados en centro carcelario.

La investigación, que se enmarca dentro del 'Plan Bolsillos de Cristal’, está relacionada con posibles irregularidades en por lo menos diez contratos durante los años 2012 y 2013 por un monto superior a los $300 millones de pesos.

Los capturados son: Sorelly López Mafla, quien para esa época se desempeñaba como contadora pública y era la gerente encargada del Hospital Raúl Orejuela Bueno; Rodolfo Arturo Rassa Muriel, ingeniero de sistemas e interventor; Johnnier Barona Galindo, ingeniero de sistemas e interventor ; Carlos Alberto Ramírez Alviz, abogado especializado en derecho administrativo y constitucional, entonces jefe de la oficina de Asesoría Jurídica del Hospital; Octavio Enrique Lozano Soto, jefe de mantenimiento del centro asistencial y María del Pilar Paz Corredor, psicóloga.

La denuncia por las presuntas irregularidades encontradas en el hospital Raúl Orejuela Bueno fueron hechas en el 2014 por Sandra Zafra Hernández, exgerente del centro asistencial, quien ante la junta directiva reveló que habían varias inconsistencias en diez contratos suscritos entre el 2012 y el 2013 por valor de $327.282.488

Tras la investigación, el ente investigador pudo determinar que los documentos originales de prestación de servicios profesionales y las órdenes de servicios, adjudicadas a contratistas, no cumplían con el objeto de los mismos.

Asimismo, encontró que estos contratos nunca fueron suscritos por quienes figuraban como adjudicatarios, ya que al ser escuchadas las personas que intervenían en dichos contratos, estas manifestaron no haber firmado los mismos, ni haber laborado en la entidad, como tampoco haber ejecutado las obras supuestamente contratadas.

La Fiscalía entonces adelantó pruebas manuscritas que fueron enviadas junto con los contratos originales al Laboratorio de Documentología y Grafología del CTI Cali, donde los peritos confirmaron que los documentos eran falsos.

Actualmente la Fiscalía adelanta una indagación sobre los bienes de estas seis personas.