Zona Diamante
Según el ente investigador, a lo largo de este proceso no se encontraron pruebas que permitan continuar con el proceso y mucho menos llamar a juicio a algunos de los implicados.
Tres años después de que levantaran suspicacias varios contratos suscritos por la Armada Nacional para el transporte aéreo de personal y equipo militar, la Fiscalía General de la Nación decidió archivar el proceso. Lea también: Contraloría archivó investigación por 'Vuelos Fantasma' de la Armada
Según el ente investigador, a lo largo de este proceso no se encontraron pruebas que permitan continuar con el proceso y mucho menos llamar a juicio a algunos de los implicados.
A la par del esta determinación, la Fiscalía consideró necesario compulsar copias a las autoridades correspondientes en la Armada para que allí se establezca si el suboficial de la Infantería de Marina Dayron Castell González, denunciante en este caso, incurrió en algún tipo de delito.
independientemente de la forma, plazos, rutas de los vuelos solicitados y rutas cambiadas, es claro que finalmente el contrato se ejecutó en su totalidad y, por ende, no se afectó el patrimonio público, concluyó el Fiscalía al rechazar que se haya incurrido en los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos, que eran investigados.
La investigación adelantada por el fiscal Miguel Ángel García está relacionada con las acusaciones que hiciera el suboficial de la Infantería de Marina Dayron Castell González, quien como Ejecutivo de Contratos del Comando de Apoyo Logístico de la Marina, habló de presuntas irregularidades en un contrato suscrito el 17 de junio de 2011 entre el Capitán de Navio Camilo Hernando Gómez Becerra, quien para la época de los hechos se desempeñaba como director de Abastecimiento de la Armada, y Jorge Luis Almeria, representante legal de la firma AER Caribe.
Tras un detallado análisis en el que se miraron contratos, facturas, trayectos, al igual que múltiples declaraciones de las partes involucradas entre ellas el suboficial Castell, lo mismo que del Técnico Aeronáutico John Jairo Mesa Alcaraz y el Auditor Especial para la inspección del contrato William Cañón Velandia, y a Mario Enrique Rodríguez asesor de AER Caribe, entre varias entidades y personas más entre ellas la Aeronáutica Civil, se pudo constatar que los vuelos a los que se hace referencia sí se cumplieron.
Una de las precisiones con las que inicia el escrito de 67 páginas, conocido por Colprensa, señala que Ciertamente el contrato no se ejecutó dentro de los plazos convenidos y de parte de la Armada no hubo ningún tipo de control o de seguimiento.
A pesar de ello, puntualiza que sí se suscribieron todos los presupuestos que la ley demanda para le contrato. De la misma manera, el fiscal del caso señaló que tras el análisis y la confrontación de la información se constató efectivamente la realización de una serie de vuelos que fueron solicitados mediante una orden de servicio ( ) independientemente de que se hayan realizado entre el 22 y el 24 de agosto, si que se hubieran realizado el 30 y 31 de agosto.
Sobre Aer Caribe señala el fiscal que demostró a la contratante que había dado estricto cumplimiento de los vuelos solicitados (órdenes 1354, 1355 y 1356). Los vuelos aquí relacionados como ejecución del contrato 22, definitivamente no fueron imputados al 006 o a otro.
Tampoco fueron presentados con facturas distintas a las aquí relacionadas para justificar en cada caso el cobro y el consecuente pago. Es decir, queda descartada totalmente la posibilidad de que hayan sido objeto de doble facturación, concluye la Fiscalía.
Este pronunciamiento se suma al que hiciera a mediados de diciembre de 2014 la Contraloría General al descartar que las irregularidades propuestas por el demandante se hubieran cometido.
Y es que en esa instancia se desarrolló una investigación fiscal que involucraba a la Armada Nacional y al Comando de Infantería de Marina, presuntamente enredados en supuestos detrimentos patrimoniales por más de $2.000 millones de pesos, todo por cuenta de varios vuelos para el transporte de personal y equipos de esa Institución.
En criterio del ente de control fiscal no se cumplieron los requisitos para avanzar en la investigación por lo decidió archivar el caso, tal como lo determinó la Contraloría Delegada para el sector Defensa, Justicia y Seguridad el 30 de abril de 2014, todo por no tener sustento para los señalamientos, aunque sí señala que se presentaron diferencias entre los vuelos facturados y la ejecución de los mismos, pero señaló que éstas se debieron a necesidades presupuestales de la Armada, razones de tráfico aéreo, estado del tiempo, reabastecimiento de combustible, entre otras razones.
Las pruebas
Tras analizar una a una las pruebas allegadas, entra las cuales están las facturas emitidas por la aerolínea privada, las órdenes de servicio emitidas por la Armada Nacional, la fecha de cada vuelo, lo mismo que sus destinos, y claro, los valores correspondientes en cada caso, la entonces Contralora Sandra Morelli desestimó las irregularidades.
Se realizaron 61 rutas certificadas debidamente por los sistemas Alpista al día y Torre de control que maneja la Aeronáutica Civil ( ) cada una con sus correspondientes órdenes de servicio, especificación de la ruta, matrícula y marca de la aeronave, dijo la Contraloría, y aclara que dicho valor fue de $2.094800.000 quedando pendiente por ejecutar un valor de 532 millones 200 mil pesos cifra ésta que es producto de la diferencia entre los 2.627 millones del contrato y los 2.094.800.000 ejecutados.
Como se observa, las rutas ejecutadas por Aer Caribe SA se encuentran respaldadas en órdenes de servicio suscritas por funcionarios de la entidad afectada, las cuales fueron certificadas por los sistemas Alpista al día y Torre de Control de la Aeronáutica Civil, agregó el ente de control un fallo de 30 páginas en la que además señala que para completar el monto del contrato suscrito en 2011 se realizaron 17 rutas cuyo valor fue de 538500.000.
