Exconsejera Sandra Ortiz quedó en libertad por vencimiento de términos en caso Ungrd

Señalando que el proceso judicial superó los tiempos establecidos por la ley, el Juzgado 35 Penal con Función de Control de Garantías ordenó la libertad por vencimiento de términos de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, dentro de la investigación relacionada con el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La decisión se produjo después de una solicitud elevada por la defensa de la exfuncionaria, que argumentó que ya habían transcurrido los plazos legales permitidos sin que se hubiera dado inicio al juicio oral dentro del proceso que enfrenta.

Durante la audiencia, el despacho judicial concentró buena parte del análisis en el conteo de términos frente al delito de lavado de activos, uno de los cargos que hacen parte de la investigación adelantada por las autoridades.

Según explicó el juez, el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal establece que, para este tipo de delitos, deben pasar 240 días desde la presentación del escrito de acusación sin que inicie el juicio oral para que proceda la libertad por vencimiento de términos.

Uno de los puntos que generó mayor discusión durante la diligencia estuvo relacionado con los días que la Fiscalía y la representación de víctimas buscaban atribuir a presuntas actuaciones dilatorias por parte de la defensa de Ortiz Nova.

Dentro de esos argumentos se incluyeron solicitudes de aplazamiento, recursos judiciales y actividades relacionadas con la recolección de información para preparar la estrategia jurídica de la exfuncionaria.

Sin embargo, el abogado Mauricio Camacho sostuvo que todas las actuaciones adelantadas correspondían al ejercicio legítimo del derecho a la defensa y no podían interpretarse como maniobras para retrasar el proceso.

Según indicó el defensor, desde la acusación han transcurrido aproximadamente más de 400 días y su clienta completa más de 500 días privada de la libertad.

La Procuraduría respaldó la posición presentada por la defensa y consideró que las actuaciones cuestionadas por la Fiscalía hacían parte de las garantías procesales contempladas dentro del debido proceso.

Frente a ello, el juez cuestionó que se pretendiera generar consecuencias procesales contra una de las partes por ejercer herramientas reconocidas por la ley.

“Reitero, es inaudito que el Estado colombiano le diga a una parte que puede solicitar algo, y cuando la parte lo solicita, entonces la castigan, entonces la sancionan. Eso es un contrasentido”, señaló el funcionario judicial durante la audiencia.

En la misma línea, agregó que no resultaba razonable derivar consecuencias negativas por solicitudes de aplazamiento justificadas o por actividades encaminadas a recaudar pruebas para la defensa.