Defensa de Sandra Ortiz denuncia falta de garantías y busca apartar a jueza que lleva el caso

La defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, recusó a la jueza especializada de Bogotá al considerar que existe una “enemistad clara” que compromete su imparcialidad, por lo que solicitó que se aparte del conocimiento del caso.

El recurso se fundamenta en presuntas faltas de garantías procesales durante la etapa de juicio por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según el abogado, en el desarrollo de las audiencias se han generado tensiones significativas que habrían afectado a su defendida. “Ustedes vieron la forma en que se constriñó a Sandra Ortiz hasta el punto de llevarla a las lágrimas. Incluso, en medio de su angustia y bajo esa presión moral, llegó a decir: ‘si quiere condéneme de una vez’”, afirmó.

En esa línea, la defensa sostuvo que Ortiz ha sido sometida a un nivel de presión que la llevó a llorar en plena diligencia judicial, situación que, según argumenta, refleja la falta de condiciones mínimas para ejercer adecuadamente su derecho a la defensa.

“Para que una persona se exprese de esa manera ante un juez es porque está siendo afectada en lo más profundo de su integridad, en un escenario que roza la humillación”, concluyó.

Antecedentes del caso

Sandra Liliana Ortiz Nova permanece privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía, en el norte de Bogotá, desde diciembre de 2024. Desde entonces, su defensa ha intentado en varias ocasiones lograr la revocatoria de la medida de aseguramiento.

El primer intento se dio mediante una acción de tutela radicada el 18 de febrero de 2025 ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que fue declarada improcedente al no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

De igual forma, las solicitudes de libertad presentadas el 31 de diciembre de 2025 y el 21 de enero de 2026 fueron negadas por el Juzgado 79 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá.

“El procedimiento no ha avanzado conforme a los términos que establece la ley. Por eso estamos solicitando a la jueza que evalúe de manera objetiva los tiempos y reconozca el derecho a la libertad de mi clienta”, señaló el abogado Camacho Fernández durante la audiencia del pasado mes de abril.

El proceso contra Ortiz gira en torno a los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, en los que la Fiscalía la considera una pieza clave.

De acuerdo con la acusación formal, presentada el 24 de enero de 2025, Ortiz habría recibido el 12 de octubre de 2023 una maleta con $1500 millones, entregada por los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, en un apartamento del centro de Bogotá.

Según la Fiscalía, estos recursos habrían sido utilizados para facilitar la aprobación de reformas legislativas, con pleno conocimiento de su origen en fondos de la Ungrd.

Adicionalmente, el ente acusador sostiene que Ortiz habría intermediado en la entrega de $4000 millones en sobornos a dirigentes del Congreso, lo que reforzaría su papel central en la red de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres durante el gobierno de Gustavo Petro.