Ediles de la zona rural de Cali denuncian amenazas contra su vida, ¿Qué está pasando?

Mayo 13, 2022 - 11:55 p. m. 2022-05-13 Por:
Redacción de El País
corregimiento de Pichindé

La edil Surany Castañeda denunció haber recibido amenazas por parte de la junta administradora local del corregimiento de Pichindé, zona rural ubicada al occidente de Cali.

Foto: archivo El País.

“Le dieron de comer vidrio molido a mi mascota, hicieron grafitis en mi vivienda con palabras obscenas, me llamaron para atemorizarme y decirme que me iban a atacar con ácido en la cara porque para ellos eso era lo que merecía por ejercer mi cargo como edil”, aseguró Surany Castañeda, edil de Pichindé, corregimiento ubicado al occidente de Cali.

Además de las amenazas, Surany, una joven de 27 años y madre de dos menores, afirmó que sufrió de discriminación y xenofobia por parte de los líderes de Pichindé y de la junta de acción comunal por no ser del territorio.

“Estoy a la espera de que el alcalde Jorge Iván Ospina me atienda para reunirme con los entes competentes y que mi caso sea atendido. La UNP, Unidad Nacional de Protección, dio una resolución donde se me ordena un chaleco antibalas y hasta la fecha nadie se ha comunicado conmigo para hacerme la entrega”, puntualizó Castañeda.

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De acuerdo con Surany, su caso ha sido puesto en conocimiento de las autoridades, además de que tuvo que salir de Pichindé por el miedo y la zozobra con la que permanecían ella y sus hijos de 7 y 8 años.

“Ellos me veían llorar todo el tiempo y no podía dormir en las noches por el temor a que me fueran a hacer algo. Los meses de noviembre y diciembre fueron demasiado críticos porque había personas que caminaban fuera de mi casa vigilándome, incluso dañaron mi jardín”.

Como Surany Castañeda, son 50 los ediles de Cali que han denunciado ser víctimas de amenazas e intimidaciones, motivo por el cual algunos han preferido renunciar o no asumir el cargo.

“Yo soy joven pero quiero que me respeten mis derechos y no ser más discriminada como edil. Sigo al pie del cañón porque amo mi país, amo en donde vivo y porque quiero ayudar en la construcción de una mejor nación”, enfatizó Castañeda.

Según el Concejo Distrital, solo en el mes de abril se han activado 44 grupos de protección para salvaguardar la vida de ediles de diferentes zonas de la ciudad.

Al respecto, la concejala Alexandra Hernández señaló que una de las principales razones de la deserción de los ediles son las intimidaciones en contra de sus vidas y la falta de pagos. Según la Cabildante, “estas amenazas se están presentando por conflictos internos en el sector, o personas que no están de acuerdo con la participación de jóvenes y adultos que ejercen el liderazgo”.

Asimismo, en una plenaria del Concejo se conocieron las denuncias de intimidaciones al presidente de Asoediles, Jefry Lorena Lerma, y a los ediles Alirio Silva, Humberto Flores, Amparo Navarro, Ayadi Ortega, Estela Molina, Ángel María Aguirre y Darsham Ocampo.

Alirio Silva, edil de la zona de Pance, reveló que en ese territorio las amenazas son constantes y que cuando ponen en conocimiento de las autoridades este tipo de situaciones, “lo que responden es que como solo es un edil, no queda sino retirarse”.

Alirio Silva ya fue víctima de un atentado en 1995. Además, entre 2011 y 2012 fue amedrentado por el ELN y las Águilas Negras.

Por su parte, la edil Ayadi Ortega, del corregimiento Los Andes, ubicado a 41 minutos de Cali, pidió garantías para ejercer la participación ciudadana y que los líderes reciban un trato digno.

Frente a esta situación, el presidente del Concejo, Fabio Alonso Arroyave, destacó que “hay un registro de 51 ediles que renunciaron a sus funciones democráticas, sin que conozcamos el trasfondo de esas dimisiones”.

Esta situación no solo se estaría generando este año, pues en el 2021 al menos 80 ediles de Cali habrían recibido amenazas de muerte.

Frente a esto, la concejala Hernández dijo que “la denuncia es todo un proceso y, aunque inició el año pasado, las investigaciones no han llegado muy lejos. Por eso es el llamado de atención a las autoridades para que sean atendidos estos casos”.

Surany también hizo un llamado a las autoridades para que la situación que viven los ediles sea atendida y no se sigan vulnerando los derechos de estos líderes. “Si esto pasa en una pequeña junta administradora local, donde yo soy solo una edil, qué podemos esperar de las otras administraciones. Están esperando a que me quemen la cara con ácido, que me maten a mí o a uno de mis hijos. Necesito que mi situación se aclare”, reclamó la funcionaria.

Pagos de honorarios, otra problemática para los ediles

Sobre el pago de los honorarios a los ediles de comunas y corregimientos de Cali, la concejala Alexandra Hernández aseguró que “hay muchas demoras por los pagos, pero se está a la espera de que se pongan al día, pues no habían los suficientes recursos para suplir los gastos de nómina”.

Asimismo, el presidente del consejo, Fabio Arroyave, instó a que el Gobierno informe cómo se están haciendo los pagos de esos valores, pues en lo corrido del año no habrían recibido desembolsos.

Además, convocó al secretario de desarrollo territorial, James Agudelo, a un debate con el fin de conocer qué apoyos entrega el Gobierno Distrital a los ediles para el desarrollo de sus funciones en las comunas.

Al respecto, el vicepresidente del Concejo, Henry Peláez, explicó que el artículo 52 del Acuerdo 0438 de 2018, Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, menciona un presupuesto participativo, que está vigente desde el año pasado.

“Allí se asignó un presupuesto inicial de $41 mil millones con destino a comunas y corregimientos”, señaló Peláez.

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