Defensoría del Pueblo puja por decretar emergencia carcelaria por coronavirus

La Defensoría del Pueblo llamó de nuevo al Gobierno Nacional a expedir “con prontitud” un Decreto que permita las detenciones domiciliarias “para salvar la vida de miles de privados de libertad y de los guardianes” en las cárceles del país.

La solicitud fue realizada justo cuando las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aseguraron que no hay más casos diagnosticados como positivos para coronavirus en centros penitenciarios del país, adicionales a los conocidos en la cárcel de Villavicencio durante el fin de semana, en donde fueron identificadas tres personas, de las cuales dos ya fallecieron.

Tras decretarse la emergencia nacional producto de la pandemia del Covid-19, la Defensoría del Pueblo ha seguido la situación sanitaria de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión del país.

El pasado 23 de marzo había convocado, además, al Gobierno Nacional para estudiar la emergencia carcelaria y “superar el Estado de Cosas Inconstitucionales al interior de los establecimientos penitenciarios”, en las URI y las estaciones de Policía.

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Aunque el fin de semana se informó también sobre el resultado positivo para Covid-19 de uno de los guardas del Inpec en la cárcel Distrital de Bogotá y trabajadores administrativos del Inpec anunciaron una renuncia masiva sino se les ofrecen garantías para enfrentar la crisis sanitaria en las cárceles, la autoridad penitenciaria pidió a la ciudadanía no caer en noticias falsas.

“Hacemos un llamado para corroborar la información que circula en diferentes redes sociales, con el fin de no propagar noticias falsas, que pueden afectar a los privados de la libertad y a sus familias”, indicó el Inpec.

El Instituto indicó en el mismo comunicado que continúan “con los protocolos establecidos para evitar la propagación del virus, bajo los lineamientos del Ministerio de Justicia y con el apoyo de la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) y las instituciones de salud nacionales, departamentales y distritales”.

El abogado penalista Marlon Díaz estimó que “se han demorado mucho en la expedición de este Decreto para prevenir el contagio a los centros de reclusión”. “Desafortunadamente el ritmo con el que se ha pensado para proteger a los privados de la libertad, no ha sido el mismo implementado con los demás ciudadanos”.

“No se puede perder más tiempo dado que la población carcelaria es mucho más vulnerable ante esta época de pandemia. Una cárcel como La Modelo donde hay hacinamiento de hasta un 200%, va a generar contagio y riesgos para las personas privadas de la libertad y para los guardias que los custodian”, indicó el abogado.

Además de la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y la Procuraduría han advertido al Gobierno sobre la urgencia de expedir el decreto que, con base en la emergencia carcelaria, permita otorgar prisión domiciliar a los reclusos en mayor condición de riesgo, para evitar un contagio masivo en las cárceles.

El procurador Fernando Carrillo advirtió al respecto que “es imperativo que el Estado en su conjunto, ante la emergencia sanitaria por la pandemia, salvaguarde los derechos y las garantías de más de 123.400 reclusos en el país”.

Precisó que la Unidad de Servicios Penitenciarios deberá garantizar medidas de autocuidado y disponer en todos los penales del país, del personal médico y los elementos de protección necesarios para los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia y a las personas privadas de la libertad, quienes deberán tener acceso ininterrumpido a servicios públicos esenciales.

Los beneficiados con esta medida, según la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, serían las personas privadas de la libertad que sean mayores de 60 años, mujeres gestantes o con hijos menores de tres años.

Igualmente, a quienes padezcan enfermedades “graves”, quienes tengan movilidad reducida o que estén en situación de discapacidad.

Más de 86 funcionarios que laboran en las cárceles del país aseguraron por medio de un comunicado que los centros penitenciaros no cuentan con sitios de aislamiento ni ningún tipo de medida que permita prevenir la expansión del Coronavirus.

De igual forma, hay muchas de ellas que carecen de agua las 24 horas y tienen condiciones precarias de higiene. El personal que labora en las cárceles aseguró en dicha comunicación "preferimos quedarnos aguantando hambre en casa que morirnos contagiados".

El comunicado fue enviado al senador Alexander López, quien a su vez lo replicó a la Presidencia y los ministerios del Interior y de Salud.