¿Por qué siguen creciendo los cultivos de coca en Colombia? Las causas detrás del nuevo récord de 261.000 hectáreas

Colombia volvió a romper su propio récord en materia de cultivos de hoja de coca: el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reveló que durante el 2024 el país alcanzó 261.000 hectáreas sembradas, un incremento del 3,5 % frente a las cerca de 253.000 registradas un año antes.

La cifra resulta aún más llamativa si se observa la tendencia de los últimos cuatro años: desde 2021, cuando se contabilizaron alrededor de 204.000 hectáreas, la superficie utilizada para este fin no ha dejado de crecer, hasta convertir la hoja de coca en el octavo cultivo con mayor área sembrada del país, superando incluso productos tradicionales de la agricultura colombiana.

El informe también evidencia un patrón territorial: una parte importante de esos sembrados se concentra en resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades afro, especialmente en municipios del Pacífico, el sur del país y las zonas fronterizas con Ecuador y Venezuela.

¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿Qué explica que los cultivos continúen expandiéndose, pese a décadas de políticas antidrogas?

Los analistas consultados coinciden en que la respuesta no puede reducirse a un solo gobierno ni a una única decisión de política pública: se trata de un fenómeno estructural donde convergen factores de seguridad, economía, presencia estatal y dinámicas internacionales del narcotráfico.

Uno de los elementos que aparece con mayor fuerza es la disminución de la erradicación de cultivos ilícitos.

Las cifras del Ministerio de Defensa muestran una reducción drástica frente a los años de mayor intervención estatal. Mientras en 2020 se erradicaron manualmente más de 130.000 hectáreas, en 2025 la cifra cayó a 8051 y entre enero y mayo de 2026 apenas se registraban 3593 hectáreas, aunque representan un aumento frente al mismo periodo del año anterior.

Para Carlos Rojas, exsecretario de Seguridad de Cali e investigador independiente, esta caída constituye uno de los factores que ayudan a explicar el crecimiento de los sembrados. “La política asociada a la erradicación cayó de manera muy significativa. Eso expresa un problema estructural y tiene una incidencia directa sobre el crecimiento de los cultivos”, señaló.

No obstante, la reducción de la erradicación no obedece únicamente a decisiones recientes. El corresponsal internacional Néstor Rosanía recuerda que la suspensión de la aspersión aérea con glifosato responde a una sentencia de la Corte Constitucional que se mantiene desde años atrás.

“La erradicación manual nunca tendrá el mismo impacto que tuvo la fumigación aérea. Esa limitación viene desde el gobierno Santos y tampoco pudo ser revertida durante el gobierno Duque”, explica.

Sin embargo, ambos analistas coinciden en que la erradicación por sí sola no alcanza para explicar el comportamiento de los cultivos de coca y marihuana.

El segundo factor tiene que ver con el fortalecimiento del control territorial ejercido por organizaciones armadas ilegales en el país.

Según Rojas, buena parte de los municipios donde hoy se concentra la coca corresponde a enclaves donde grupos ilegales no solo controlan la producción, sino también la vida cotidiana de las comunidades: “No gobiernan únicamente el negocio, gobiernan el territorio: imponen reglas, ejercen control sobre la población y generan condiciones para mantener activa toda la cadena del narcotráfico”, sostiene.

Ese dominio resulta más visible en territorios donde históricamente la presencia institucional ha sido limitada. Si bien los resguardos indígenas y los consejos comunitarios cuentan con formas propias de gobierno reconocidas por la Constitución Nacional, expertos advierten que ello no significa que esas comunidades promuevan cultivos ilícitos.

Por el contrario, Rojas considera que la expansión de la coca refleja la ausencia de una presencia integral del Estado.

“No es que las comunidades indígenas o afro tengan una política para sembrar coca. Lo que ocurre es que la ausencia del Estado permite que organizaciones ilegales ocupen esos espacios y consoliden actividades económicas ilícitas”, afirma.

La ubicación geográfica también explica el fenómeno. El informe de Naciones Unidas muestra que varios de los municipios con mayor crecimiento se ubican cerca de las fronteras con Ecuador y Venezuela, corredores estratégicos para el tráfico internacional de drogas.

Para Rojas, existe un desplazamiento progresivo de los cultivos hacia estas zonas, debido a las ventajas logísticas y a la menor capacidad de control estatal.

A ello se suma un elemento económico que atraviesa toda la cadena del narcotráfico. Rosanía insiste en que analizar el incremento de la coca exclusivamente desde la política nacional deja por fuera el componente más importante: la demanda internacional.

“Colombia participa principalmente en dos eslabones de la cadena: el cultivo y el procesamiento. El transporte, la comercialización, el consumo y buena parte del lavado de activos ocurren fuera del país”, explica.

Desde esa perspectiva, sostiene que mientras exista un mercado internacional dispuesto a pagar altos precios por la cocaína, continuará existiendo un incentivo económico para sembrar coca: “No hay actualmente ningún negocio rural que ofrezca la rentabilidad que ofrece la coca. Mientras eso no cambie, siempre habrá personas que ingresen a esa economía ilegal”.

Rosanía también llama la atención sobre cómo se interpreta el aumento reciente de las cifras. A su juicio, atribuir el crecimiento únicamente al gobierno de Gustavo Petro desconoce que Colombia ha mantenido durante más de cuatro décadas el primer lugar como productor mundial de cocaína: “Es un fenómeno histórico. Colombia nunca dejó de ocupar ese lugar, independientemente de si gobernaba la derecha o la izquierda. Pensar que todo comenzó hace cuatro años responde más a una narrativa política que a un análisis técnico”.

Las cifras operacionales muestran un panorama más complejo. Mientras la erradicación manual registra una fuerte reducción frente a años anteriores, otras variables no siguen esa tendencia.

Entre enero y mayo de 2026, las autoridades reportaron 395 toneladas de cocaína incautadas, apenas un 7 % menos que en el mismo periodo de 2025.

La destrucción de infraestructura para la producción de drogas ilícitas se mantuvo prácticamente estable, mientras las incautaciones de marihuana aumentaron un 24 %.

Los datos reflejan que, pese a la continuidad de las operaciones contra las redes del narcotráfico, la disponibilidad de cultivos sigue creciendo. Para los especialistas, esa aparente contradicción demuestra que el fenómeno va mucho más allá de la acción policial o militar.

Insisten en que la expansión de la coca responde a una combinación de factores que incluyen economías ilegales consolidadas, presencia de grupos armados, corredores estratégicos para la exportación, reducción de la erradicación y una demanda internacional que alimenta un negocio multimillonario.

En ese contexto, las 261.000 hectáreas registradas no solo representan un nuevo récord. También reflejan la persistencia de un problema que ha cambiado de ubicación, de actores y de dinámicas, pero que continúa encontrando condiciones para expandirse en amplias zonas del territorio colombiano.