Contraloría formula cargos al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por presunto detrimento patrimonial

En las últimas horas, se dio a conocer que la Contraloría General de Antioquia formuló cargos por presunto detrimento patrimonial contra el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón.

El caso remonta a un proyecto de ciclorrutas ejecutado durante el periodo en el que fue alcalde de Rionegro, entre 2016 y 2019, y contemplaba una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos.

Dicho proyecto de movilidad regional tenía el objetivo de conectar varios municipios del Oriente antioqueño, como Rionegro y Marinilla, mediante una red de ciclorrutas impulsada por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

No obstante, las obras no habrían sido culminadas ni cumplido el objetivo para el cual fueron contratadas, pese a que se realizaron significativos desembolsos a los ejecutores.

En el proceso de investigación, el ente de control analizó un contrato interadministrativo por 34.458 millones de pesos, suscrito entre la Empresa de Vivienda de Antioquia e Indeportes Antioquia e identificó que del monto total, fueron girados 26.186 millones de pesos a las empresas Ingecon e IDC, sin que las obras alcanzaran una ejecución funcional.

Dicho adelanto económico constituye la base del presunto detrimento patrimonial señalado por la Contraloría.

Además del actual gobernador, los cargos por un presunto detrimento patrimonial también involucran al gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Rodrigo Hernández; a exgerentes y siete exfuncionarios de Indeportes Antioquia; a una de las firmas contratistas y a una aseguradora internacional.

El organismo de control indicó que se detectaron fallas en la planeación y en la etapa precontractual, lo que habría derivado en la firma de contratos cuyos resultados no corresponden a lo inicialmente proyectado. Estas irregularidades, según la Contraloría, comprometen el uso adecuado de los recursos públicos.

Ahora, el caso tomó mayor relevancia luego de que la Contraloría General de la República asumiera el poder preferente sobre la investigación y se compulsaran copias a la Fiscalía General de la Nación para evaluar posibles responsabilidades penales.

Frente a la imputación, el gobernador Andrés Julián Rendón rechazó la actuación y la calificó como irregular:

“Es evidente el tinte político que la acompaña: lo hace a última hora y sin competencia para ello, extralimitándose en sus funciones. Por esta razón, en este proceso se ha solicitado la nulidad. Los puntos críticos de las ciclorrutas están contratadas por esta administración. La razón de este desesperado accionar: a la Contralora saliente le negaron la creación y nombramiento de cerca de 200 cargos”, afirmó el dirigente local.