Contraloría detecta hallazgo fiscal de $1.618 millones en Programa de Sustitución de Cultivos

La Contraloría General de la República expuso un nuevo caso de presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), tras identificar un posible detrimento patrimonial de $1.618 millones en la ejecución de un contrato de interventoría.

El hallazgo fue detectado durante una auditoría de cumplimiento adelantada a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad encargada de la supervisión técnica y financiera del programa.

De acuerdo con el informe, el detrimento está relacionado con pagos indebidos realizados al contrato de interventoría suscrito entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP) y la firma DCO Ingeniería & Servicios S.A.S.

La Contraloría determinó que la interventoría recibió desembolsos que no correspondían al avance real de los proyectos que debía supervisar; “Los pagos a la interventoría fueron realizados de manera incorrecta, sin ajustarse a los avances reales de los contratos supervisados bajo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)”, indicó el organismo de control.

El análisis del ente fiscal evidenció que los porcentajes de avance registrados en los Planes Operativos Anuales (POA) no cumplían con el 100 % requerido para autorizar pagos completos.

Los contratos, cuya ejecución debía ser verificada por la interventoría, presentaron avances técnicos de 59 %, 93 % y 44 %, cifras que no justificaban el pago total recibido por DCO Ingeniería & Servicios S.A.S. Aun así, la interventoría obtuvo el desembolso íntegro, lo que generó un sobrepago correspondiente al monto detectado en la auditoría.

El comunicado oficial precisa que “se evidenció un presunto detrimento patrimonial por un valor de $1.618 millones, en la ejecución del contrato de interventoría No. 371-2022”, cuya responsabilidad recaía en la supervisión de los contratos 359-2022, 377-2022 y 402-2022.

La cláusula cuarta del contrato, estipulaba que los pagos debían guardar estricta relación con el avance de los proyectos, condición que no se cumplió. Para la Contraloría, los hechos reflejan deficiencias significativas en los mecanismos de control interno de la ART, entidad ejecutora del PNIS.

El presunto detrimento tiene un impacto directo sobre los recursos que el PNIS destina a iniciativas de sustitución voluntaria, proyectos productivos sostenibles y programas de seguridad alimentaria para las familias que hacen parte del proceso.

Según la Contraloría, irregularidades como esta debilitan la capacidad del programa para cumplir sus objetivos y ponen en riesgo inversiones destinadas a comunidades que dependen de estos proyectos para transitar hacia economías legales.

El organismo subrayó además que la correcta supervisión de los contratos es esencial para garantizar que los recursos públicos lleguen a su destino y permitan avanzar en la estabilización y transformación de los territorios.

La situación identificada, según el informe, debe ser tomada como una advertencia sobre la necesidad de fortalecer los procesos de vigilancia, seguimiento y rendición de cuentas en programas de alto impacto social como el PNIS.