Contraloría Municipal denuncia irregularidad en tres contratos del PAE en Palmira

La Contraloría Municipal denunció en las últimas horas un total 21 hallazgos administrativos tras una auditoría especial a tres contratos del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Palmira, suscritos  luego de la declaratoria de emergencia por el Covid-19.

Informaron que de ellos 20 tienen incidencia disciplinaria, uno incidencia sancionatoria, tres incidencia fiscal y uno incidencia penal.

Jorge Eliécer Corral Aramburo, titular del ente, explicó que el ejercicio auditor se ampara en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, que establece que cuando se celebran contratos con ocasión de una urgencia manifiesta, estos deben estar sujetos a un proceso de control y revisión por parte de la dependencia.

En Palmira se presentó dicha declaratoria el 16 de marzo de 2020 y desde entonces ha suscrito quince contratos por un valor aproximado de los $1.500 millones, a los cuales se les viene haciendo seguimiento.

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El funcionario precisó que el informe actual, realizado el pasado viernes, tiene relación con el seguimiento y evaluación a tres contratos celebrados a mediados de abril por la Secretaría de Educación en atención a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, durante la pandemia como son, el MP 260, MP 261 y MP 269.

El primero de ellos hace referencia al suministro de Raciones para Preparar en Casa, RPC, para la zona urbana por valor de $368.347 millones. El segundo, a la prestación de los servicios de operador logístico por $32.659 millones y el tercero al suministro, logística y entrega de las Raciones para Preparar en Casa, RPC, del orden de los $254.656 millones, los cuales suman un total de $655.663 millones.

"A mediados de abril hicimos una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación Municipal para determinar todas las presuntas irregularidades que habíamos detectado en un principio, con relación a las entregas, al no cumplimiento del contratista frente a la idoneidad y demás requisitos establecidos en la ley. Es así como el pasado viernes quedó en firme el informe que le fue enviado al Alcalde, el martes de la semana pasada", sostuvo el funcionario.

La Administración presentó los respectivos descargos el pasado jueves, pero según el Contralor, de acuerdo a la revisión que hizo el equipo de abogados e ingenieros, además de la parte técnica de la entidad, los mismos no desvirtuaron en principio lo que la Contraloría había establecido como observaciones en relación a los 21 hallazgos encontrados durante la auditoría especial.

Corral Aramburo sostuvo que durante el ejercicio auditor encontraron presuntos sobrecostos en dos de los contratos (260 y 269) por valor de los $104 millones, que corresponde al 31 % del valor de ambos.

En ese sentido, advirtió que el presunto sobrecosto al patrimonio del Estado está representando en el mayor valor de los productos adquiridos para 20.584 mercados en la modalidad de Raciones para Preparar en Casa, RPC.

De igual forma, indicó que también se determinó un presunto hallazgo fiscal por $96.959 millones considerando que a la fecha de la terminación del contrato no se habían entregado 3.184 raciones a igual número de estudiantes.

"Toda esta auditoría está relacionada exclusivamente con presuntos sobrecostos en los contratos firmados para la compra y distribución de las Raciones alimentarias Escolar o programa PAE", reiteró el funcionario.

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Entre tanto, reveló que los presuntos hallazgos que cobijan al gestor fiscal del contrato, en este caso al alcalde, Óscar Escobar, la Secretaria de Educación, al contratista y al supervisor del mismo, correrán traslado esta semana a la Personería Municipal, la Fiscalía y a la Oficina de Procesos de la Contraloría para las respectivas investigaciones fiscales, penales y disciplinarias a que haya lugar.

Los $96 millones sumados a los $104 del sobrecosto representan un detrimento de $201 millones para el municipio, afirmó el Contralor.

Anotó que lo que se viene ahora para el alcalde de Palmira es su defensa en las instancias mencionadas con relación al informe presentado por la Contraloría Municipal.

Corral Aramburo precisó que serán la Fiscalía y la Personería las que establecerán si hay lugar a una medida de tipo penal por parte del ente acusador; o a una suspensión o en su defecto sanción por parte del Ministerio Público.

De otro lado, confirmó que su despacho adelanta otras investigaciones, una de ellas relacionada con la contratación de siete monitores por un valor superior a los $314 millones, en el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Imder Palmira.

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