Abogados independientes afirman que urge reactivación gradual de la justicia

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Abogados independientes afirman que urge reactivación gradual de la justicia

Mayo 24, 2020 - 11:50 p. m. Por:
María Teresa Arboleda - reportera de El País

os continuos paros de la justicia en todo el territorio nacional se han sumado a otros factores que hacen que su profesión como abogados litigantes sea inviable, aseguran los mismos profesionales.

Foto: Archivo de El País

Un llamado urgente para que se autorice la reapertura gradual de los servicios de la justicia en Colombia hicieron los abogados que trabajan de forma independiente porque no han podido trabajar desde el 16 de marzo debido al confinamiento por el Covid-19.

La solicitud fue hecha al Gobierno Nacional, a la Ministra de Justicia y al organismo que administra los recursos de la rama judicial (Consejo Superior de la Judicatura), sostuvo Gerardo Duque Gómez, presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Colombia, Fedeacol, con sede en Bogotá.

Señaló, además, que si algún sector de la población ha sido olvidado es el de la abogacía colombiana, “aunque la imagen que muchos tienen es la de personas vestidas de traje y corbata, pero detrás hay un ser humano que paga arriendo, servicios públicos y alimentos para sus familias”.

Agregó que en el país hay 350.000 profesionales “que padecen una crisis humanitaria, porque a los abogados litigantes no nos paga el Estado, sino los clientes que nos contratan para que les adelantemos procesos jurídicos, es decir, que vivimos del día a día”.

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Cabe recordar que los litigantes son aquellos abogados que ejercen su profesión en los despachos judiciales atendiendo asuntos penales, civiles, administrativos, laborales y de familia. A diferencia de los que trabajan, por ejemplo, como asesores en el Gobierno, en el Congreso o los que tienen oficinas no relacionadas con procesos jurídicos.

Con la opinión de Duque coincidió en Cali el abogado Alejandro Arenas, especialista en las áreas de derecho de familia, civil y administrativo, al asegurar que “vamos para tres meses en los que la justicia está paralizada en un 99.9%; porque los ciudadanos no tienen acceso a la misma y los abogados, que somos sus representantes, no podemos acudir a los tribunales para mover los procesos en curso ni las demandas que están por iniciarse”.

Pese a que algunos casos prioritarios de índole penal, de familia y tutelas se están atendiendo, “ese no es todo el quehacer jurídico de la justicia”, advirtió el jurista.

Propuestas para el retorno

Profesionales como Xiomara Aranda Marín, de la empresa Abogados Especialistas en Pensiones Perea, Ocampo y Burbano, consideran que se les debe permitir el retorno gradual como a otros sectores. En el caso de la citada firma, a las cinco personas que la integran, no se les ha podido cancelar su salario, mencionó la abogada.

Una de las soluciones que sugirió la profesional es laborar por turnos para disminuir la presencia de personas en los despachos judiciales.

Reabrir dichas sedes en los municipios donde no se haya evidenciado el Covid-19 y hacerlo bajo protocolos de bioseguridad en las ciudades donde hay contagiados, es otro planteamiento para volver a la normalidad.

Asimismo, aplicar el sistema de pico y cédula o pico y tarjeta profesional, para reducir el número de funcionarios de la justicia en los despachos y darle salida al gigantesco número de procesos represados a raíz de la actual pandemia.

Aunque es de aclarar que en estos recintos hay acercamiento entre las personas más no necesariamente contacto permanente, explicó la consultora en derecho privado Tatiana Holguín Galindo, de la firma AZC Abogados.

Por ello advirtió que además de cumplir con los protocolos establecidos, se debe disponer de espacios idóneos para la realización de audiencias o trámites ante el despacho judicial que impliquen el autocuidado de todas las personas que acudan a dichos lugares.

Urge innovación tecnológica

Es justo en esta época de cuarentena que se hace más necesario el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, para que la comparecencia de visitantes, juristas y demás personal se limite solo a aquellos casos en los que sea vital la participación física.

Sin embargo, “los funcionarios de la Rama Judicial no cuentan con los elementos tecnológicos para adelantar funciones laborales desde su
residencia”.

Así lo expuso recientemente la senadora Esperanza Andrade, quien llamó la atención sobre “lo atrasado” que está el sector justicia en cuanto a tecnología, porque no se cuenta con el expediente digital, por ejemplo.

Ante esto, el abogado Alejandro Arenas dijo que no se puede pretender hacer ahora, en medio del confinamiento, lo que no se realizó en muchos años y enfatizó en que la virtualidad en las audiencias no ha sido planeada ni implementada, ni tampoco ha habido inducción a los involucrados en los procesos, entre los cuales están los abogados.

Pese a ello, el fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que durante la pandemia han adelantado 70.000 audiencias virtuales en todo el país.
Es de anotar que el pasado viernes, cuando el gremio de abogados independientes esperaba que este 25 de mayo se diera luz verde a la reanudación de labores, el Consejo Superior de la Judicatura anunció que el cese (suspensión de términos judiciales) se volvía a prorrogar hasta el 8 de junio próximo.

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Piden reforma judicial

El sistema judicial no se ha recuperado aún de los periodos de interrupción en el pasado, pues si bien la congestión de procesos judiciales es una situación nacional, esto se torna más delicado para una ciudad como Cali, donde la operación se ha visto afectada en los últimos diez años.

Así opina la abogada Tatiana Holguín, quien mencionó hechos como “el atentado al Palacio de Justicia y el accidente mortal en uno de sus ascensores, sumado a la interminable búsqueda de espacios idóneos para desarrollar las labores”.

Situaciones entre las que figuran “los paros recurrentes, han vuelto inviable nuestra profesión de abogados litigantes, que históricamente ha sido una cenicienta”, expresó el presidente de Fedeacol, Gerardo Duque, quien urgió una reforma judicial que contemple aspectos como pasar de tener vacaciones colectivas en Semana Santa y diciembre (como está establecido para la rama judicial), a tener la opción de disfrutarlas de manera individual.

También solicitan que el Estado les provea un sistema de seguridad integral, dado que los abogados son considerados como un servicio esencial de la administración de justicia.

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