Recta final electoral: las siete limitaciones que deben tener en cuenta los servidores públicos

La Procuraduría General de la Nación reiteró las normas que deben cumplir los servidores públicos de cara a la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo 21 de junio. Esto para garantizar la imparcialidad institucional y evitar conductas que puedan interpretarse como participación indebida en política.

La entidad recordó que, aunque los funcionarios conservan sus derechos como ciudadanos, existen límites establecidos por la Constitución y la ley para proteger la transparencia del proceso electoral.

Entre las conductas no permitidas se encuentran: hacer, financiar o promover campañas políticas desde el cargo; presionar o favorecer a subalternos para apoyar candidatos; utilizar recursos públicos en reuniones o actividades políticas; difundir propaganda electoral; inclinar o autorizar el uso del aparato estatal a favor o en contra de una causa o partido; y usar información reservada de la entidad con fines políticos.

La Procuraduría también señaló que existen acciones que no son consideradas prohibidas. Entre ellas está difundir información general, opinar o intervenir en debates de interés colectivo que sean ajenos a la contienda electoral o partidista, ejercer libremente el derecho al sufragio -excepto para miembros de la Fuerza Pública- e inscribirse como miembros de partidos políticos, según lo establecido por la normativa vigente.

La entidad ha insistido en que estas disposiciones buscan garantizar condiciones de equidad para todos los actores políticos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

En la recta final de la campaña presidencial, la entidad invitó a los servidores públicos a actuar con responsabilidad y apego a las normas, contribuyendo así al desarrollo transparente del proceso democrático.