Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió investigación contra Petro por participación en política

Considerando que es una “falta gravísima”, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación contra el presidente Gustavo Petro por su presunta participación en política durante las elecciones presidenciales de 2026.

El documento se conoció en la mañana del 9 de junio de 2026, en donde calificó las actuaciones del presidente Gustavo Petro como una indebida participación en política, según el artículo 60 (numeral 1) de la Ley 1952 de 2019.

El documento conocido ordena: “OFICIAR a la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación - CTI adscrita a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que reciba el material digital recaudado por este Despacho, consistente en las publicaciones identificadas en la red social X, junto con las capturas de pantalla, enlaces electrónicos (URL) y demás soportes documentales obtenidos dentro de la presente actuación”.

Cabe recordar que, de acuerdo a la ley, el Presidente de la República no puede participar en política, teniendo en cuenta su poder en la Nación.

Sin embargo, este comportamiento habría sido violado por Gustavo Petro durante varios de sus discursos, manifestando su descontento con Abelardo de la Espriella y, por ende, su apoyo a Iván Cepeda (candidato del Pacto Histórico).

Incluso, algunos mandatarios locales ya han sido suspendidos por participar en política. La misma suerte tuvo Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

Gremios piden ayuda internacional por presunta participación en política del presidente Petro

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para frenar lo que describen como la injerencia del presidente, Gustavo Petro, en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. Según el documento, en juego está el derecho de 41.421.973 ciudadanos a votar libremente.

Las medidas cautelares son órdenes urgentes que la Comisión puede dirigir a un Estado para evitar un daño grave que, una vez ocurrido, ya no tendría remedio.

La solicitud no se dirige contra Petro como persona, sino contra el Estado colombiano, al que se le pide actuar para proteger a los electores. Las organizaciones señalan que un pronunciamiento posterior al 21 de junio llegaría tarde, porque el daño ya estaría consumado.

La solicitud la firman el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, y el presidente de la junta directiva de FEDe. Colombia, Luis Guillermo Vélez. El representante en el trámite es el abogado Andrés Caro Borrero.

El documento sostiene que Petro ha incurrido en un patrón reiterado de intervención en política: pronunciamientos electorales desde plataformas oficiales, ataques a las autoridades electorales y acusaciones de fraude sin respaldo verificado.

Ese patrón, dicen las organizaciones, vulnera el derecho a elegir consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Con información de Colprensa*