Siguen las dudas por cambios en impuestos anunciados por el Gobierno; hablan los diferentes sectores

No paran los cuestionamientos al Gobierno Nacional por las medidas tributarias que quiere implementar, y que se dieron a conocer hace varios días. El Ministerio de Hacienda busca ajustar las tarifas y condiciones de retención y autorretención del impuesto sobre la renta y se propone un nuevo modelo de recaudo.

Aunque el director de la Dian ha salido a justificar la medida y asegurar que no es una reforma tributaria sino que se están cambiando algunas tarifas, analistas temen que eso no solo tenga consecuencias en el sector productivo sino también en el recaudo futuro del mismo gobierno.

Para Anif, anticipar el pago de impuestos podría traducirse en una presión financiera adicional para las empresas, deteriorando su liquidez e impactando su capacidad operativa. “Además, por si fuera poco, se genera un efecto adverso sobre el recaudo futuro. Al aumentar los anticipos, son más los saldos que se descuentan de las declaraciones efectivas, lo que reduce los ingresos tributarios de la siguiente vigencia, tal como sucedió en 2023-2024. Sin duda, este proyecto que mejora el flujo de caja actual pero compromete los ingresos del 2026, resulta ser una medida inconveniente”.

La Dian aspira a recaudar un poco más de $7 billones que le servirían al Gobierno Nacional para aliviar un poco sus problemas financieros y aliviar las presiones de caja.

Desde el sector privado se han encendido las alarmas. El pasado viernes, la Asociación Nacional de Empresrios, Andi, calificó el proyecto de decreto, que introduce los cambios y que aún está en borrador, como “inconveniente” y sin “justificación técnica”, y aseguran que podría conducir a una sobreestimación de los ingresos fiscales de este año.

“Esta situación ya ocurrió con el decreto 261 de 2023, cuando se aumentaron significativamente las tarifas de autorretención, más allá de la capacidad real que tiene el sector productivo de generar impuestos. Como consecuencia, se presentó disminución en el recaudo tributario neto del año 2024, pues las empresas arrojaron saldos a favor, solicitaron la devolución y pagaron sus obligaciones con títulos de devolución de impuestos”, aseguró Bruce Mac Master, presidente de la Andi, en una carta enviada al Ministro de Hacienda.

La organización gremial alertó que si se elevan las tarifas de retención más allá del impuesto a cargo, el resultado sería un menor recaudo tributario neto en el futuro.

Por esta razón, los empresarios hicieron un llamado a no convertir errores del pasado y guardar prudencia en la estimación de los ingresos públicos y cuidar el capital del trabajo de las empresas.

“Consideramos inconveniente la emisión de este decreto y se sugiere mejor, llevar a cabo una disminución de las tarifas de retención para las empresas que sea consecuente con su rendimiento financiero real, para proteger el capital de trabajo y reducir los costos administrativos que implican las devoluciones, tanto para la Dian como para los contribuyentes”.

Similar concepto tiene el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, quien dijo que la propuesta del Gobierno “en el fondo lo que significa es anticipar caja del 2026 a costa de ordeñar al sector productivo en el 2025 para muchas empresas, la gran mayoría, eso implica aumentos en la retención de dos y tres veces”.

Añadió que, además, la medida generará un estrés fiscal gigantesco en el 2026 porque el nuevo gobierno recibirá un presupuesto muy desfinanciado.

La propuesta

• Según análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, la propuesta del Gobierno introduce dos cambios en la retención en la fuente: disminuyen las bases mínimas para aplicar retención. Por ejemplo, en servicios pasa de 4 UVT (cerca de $200.000) a 2 UVT. Para otros ingresos, baja de 27 UVT ($1.3 millones) a 10 UVT (menos de $500.000).
• Y cambios en la autorretención: el proyecto propone incrementos en la mayoría de sectores productivos, tocando unas 270 actividades, según la Andi.
• Por ejemplo: La tarifa de generación de energía eléctrica subiría del 2,2 % al 4,5 %; la extracción de gas de 1,8 % a 4,5 %; hospitales, clínicas, puertos, transporte, alojamientos, entre otros pasarán de 1,10 % a 3,5 % y las actividades de construcción como demolición o vivienda residencial subirían del 1,1 % al 3,5 %.