Contratación pública superó los $9 billones a horas de iniciar la Ley de Garantías; Contraloría en alerta

La Contraloría General de la Nación emitió una alerta por la concentración atípica de contratación interadministrativa registrada el 7 de noviembre de 2025, último día previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales.

Solo durante esa jornada se comprometieron $6,1 billones, cifra que representa el 68 % de todo lo contratado en la primera semana de noviembre y que supera ampliamente los niveles habituales de ejecución del Estado.

La entidad consolidó un balance basado en la información reportada al Secop entre el 1 y el 7 de noviembre, en el marco del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo presentado el 10 de noviembre.

Este es el primer pronunciamiento oficial de la Contraloría en el periodo electoral previo a las legislativas y presidenciales de 2026.

Un comportamiento contractual sin precedentes

Durante los primeros siete días de noviembre, las entidades estatales suscribieron compromisos por $9 billones, monto que excede los promedios históricos de contratación mensual observados durante 2025. Del total, el 7 de noviembre concentró una cifra equivalente a 2,9 veces el promedio mensual entre enero y agosto, que fue de $2,1 billones.

Para el organismo de control, esta concentración en una única fecha constituye un “indicador crítico” de fallas de planificación y posibles aceleraciones asociadas al cierre preelectoral, un fenómeno recurrente en años con restricciones de la Ley 996 de 2005.

El análisis también identificó que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) fue la entidad con mayor volumen individual, con contratación por $770.000 millones, equivalentes al 8,5 % del total firmado en el periodo evaluado.

La Contraloría indicó que aún avanza en la revisión detallada de los contratos celebrados por entidades territoriales para establecer el comportamiento en cada departamento.

Seguimiento reforzado durante el periodo preelectoral

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), en coordinación con la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, adelanta un seguimiento permanente a los contratos suscritos en septiembre, octubre y los primeros siete días de noviembre.

El objetivo es caracterizar los convenios por valor, entidad ejecutora, modalidad y objeto contractual, con el fin de identificar operaciones sensibles como eventos, suministros, actividades logísticas y otros tipos de contratación que históricamente han mostrado incrementos en épocas preelectorales.

El organismo de control busca anticipar riesgos y emitir alertas tempranas para evitar que los recursos públicos sean comprometidos en contravención de la Ley de Garantías o destinados a fines distintos al interés general.

La Contraloría recordó que la entrada en vigencia de las restricciones electorales no impide la operación normal del Estado, pero sí exige un escrutinio más detallado de los procesos que puedan representar riesgos de uso indebido de los recursos.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.