Camacol demandará decreto del Gobierno de Petro que impone aranceles al acero del 35% y advierte impacto en la vivienda

El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, anunció que el gremio evalúa interponer una demanda contra el decreto del Gobierno nacional que impone aranceles a insumos como el acero, al considerar que la medida encarece la construcción y afecta el acceso a vivienda en el país.

Según explicó, existe preocupación por lo que calificó como una contradicción en la política pública, pues mientras se busca reducir las tarifas para acceder a una casa, también se adoptan decisiones que incrementan los costos de producción: “Vemos con preocupación que, de un lado, el Gobierno nacional busca bajar los precios de vivienda, pero por el otro lado sigue insistiendo en encarecer los costos de construcción”, afirmó.

Herrera advirtió que el aumento del salario mínimo ya genera presiones en los costos de construcción entre un 10 % y un 15 %, a lo que se suma el impacto de las medidas arancelarias, que podrían representar un incremento adicional cercano al 5 %.

De acuerdo con Herrera, esto llevaría a un incremento total en los costos de construcción de entre el 15 % y el 20 %, lo que tendría efectos directos en el mercado. “Esto claramente atenta contra la producción de vivienda, contra la oferta y se va a ver reflejada en mayores valores de precio”, advirtió.

De acuerdo con un comunicado del gremio, los aranceles al hierro, acero y otros insumos pueden elevar los costos directos de construcción en los que estos materiales representan cerca del 16,3 % y trasladarse al precio final de la vivienda, con un incremento estimado cercano al 2,2 %.

El dirigente gremial también cuestionó la legalidad del decreto, al considerar que no cumple con las condiciones necesarias para su formación, y expresó preocupación por la calidad de los estudios que sustentan la medida.

“Estamos muy preocupados por la calidad de los documentos técnicos que generaron esta decisión”, agregó. En ese sentido, indicó que el gremio revisa las herramientas jurídicas disponibles para avanzar en una eventual demanda y afirmó que con esta medida del Gobierno lo que se busca es resolver otro problema de fondo, asegura que con esto lo que se busca es resolver otro problema de fondo, el cual según Herrera, sería el costo del gas en el país.

Además, señaló que la Procuraduría y la Contraloría han convocado mesas de trabajo para analizar los impactos económicos, jurídicos y sociales de este tipo de decisiones, especialmente en lo relacionado con proyectos de regulación de precios en vivienda de interés social.

El anuncio se da en un contexto complejo para el sector edificador, que asegura completar más de 30 meses de caída en las iniciaciones de vivienda y haber perdido más de 136.000 empleos. A esto se suma el encarecimiento de otros segmentos del mercado, como los arriendos, asociado en parte a la reducción en la oferta de vivienda nueva.

Camacol también advirtió que estas medidas podrían afectar la generación de empleo en un sector que vincula a más de un millón de trabajadores y que resulta clave para la reactivación económica del país.

El gremio hizo un llamado al Gobierno nacional a revisar integralmente la decisión, al considerar que podría agravar el déficit habitacional y limitar el acceso a vivienda formal, en un momento en el que la demanda continúa en crecimiento.